Frank Caro, comunicador social y periodista, fue víctima de un atentado en Caloto, Cauca: esto se sabe

Frank Caro, comunicador social y periodista, fue víctima de atentado con arma de fuego el sábado 31 de agosto de 2024, mientras se desplazaba por los alrededores del municipio de Caloto, departamento del Cauca.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, los hechos se presentaron sobre las 4:00 p. m. del sábado, cuando el hombre fue impactado con un proyectil en varias zonas de su cuerpo, razón por la cual el periodista se encuentra en grave estado de salud.

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Los testigos afirmaron a diferentes medios de comunicación de la región, que, a pesar de sus heridas, la víctima intentó manejar hasta el hospital de la ESE Norte 2 Niña María de Caloto. Sin embargo, explicaron que, a pocas cuadras del centro de salud, Frank Caro, colisionó con un motociclista frente a un supermercado del D1.

El comunicador social y periodista fue atendido por los bomberos de la zona, que realizaron maniobras de primeros auxilios y posteriormente lo llevaron al hospital. Frank Caro fue remitido a una clínica de mayores recursos en la ciudad de Cali.

Frank Caro se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación, así como oficinas de prensa en el suroccidente colombiano, donde se desempeñó como jefe de prensa de la Alcaldía de Caloto, Cauca. También fue corresponsal y productor periodístico en NTN24, Telepacífico y en el noticiero 90 minutos.

El atentado contra el comunicador social y periodista, quien actualmente es el jefe de prensa de la ESE Norte 2, ha generado gran preocupación en la comunidad del municipio de Caloto.

Este atentado contra Frank Caro, se suma lo ocurrido con el periodista Cristian Ospino, quien fue víctima de un atentado el sábado 24 de agosto de 2024. Los hechos ocurrieron cuando el profesional regresaba a su hogar después de haber trabajado hasta la madrugada.

De acuerdo con lo informado por el mismo periodista, un sujeto lo siguió y disparó en varias oportunidades, pero Ospino logró escapar indemne al lanzarse de su motocicleta e internarse en la vegetación cercana. En declaraciones a la prensa, la víctima manifestó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades, pese a haber presentado repetidas denuncias sobre las amenazas de muerte que ha recibido.

El caso de Ospino trae a la memoria el asesinato de Luis Gabriel Pereira, otro comunicador en Colombia que también se dedicaba a denunciar corrupción y fue asesinado en 2023 en el municipio de Ciénaga de Oro, situado en el departamento de Córdoba. Ospino ha intensificado sus denuncias tras el atentado, enfatizando que tanto la Policía como la Fiscalía no han tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.

Al respecto, las organizaciones de libertad de prensa y la comunidad de Magdalena reaccionaron de inmediato, exigiendo que las autoridades aceleren las investigaciones y logren identificar y procesar a los responsables del ataque. Además, esperan que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) intervenga para asegurar la protección de Cristian Ospino y el respeto a sus derechos como periodista.

Informe de la Defensoría del Pueblo

Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo revela un panorama preocupante para los periodistas en Colombia: el 44,4% de los comunicadores ha sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos en el ejercicio de su profesión. La entidad enfatiza que la mayoría de estas agresiones provienen de grupos armados ilegales, aunque también se reportan casos ligados a líderes políticos, la fuerza pública y los propios empleadores.

Las principales amenazas enfrentadas por los periodistas incluyen riesgos a su vida, integridad física y restricciones a la libertad de expresión e información. Asimismo, se destaca un número considerable de denuncias relacionadas con aspectos económicos, contractuales, laborales y de seguridad social.

Para abordar la creciente inseguridad que enfrenta el gremio periodístico, la Defensoría sugiere cooperar estrechamente con las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección para implementar medidas que aseguren condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. En varias regiones del país, el riesgo para los comunicadores es particularmente alto debido a la presencia de actores armados y violentos.