El gremio minero de Antioquia decidió declararse en un paro indefinido en respuesta a una serie de tensiones y demandas no satisfechas.
Por medio de un comunicado, el gremio minero en Antioquia confirmó que desde el 30 de agosto se declaran en asamblea permanente e invitaron que a partir del sábado 31 desde las 12:00 del mediodía motobomberos, beteros, barequeros, minidragueros, dragueros y encargados de la maquinaria amarilla se unan al cese de actividades.
En el documento, solicitan a los alcaldes de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, además del municipio de Valdivia y las localidades del sur de Bolívar “tomar las medidas necesarias y preventivas con la población, ante la crisis humanitaria y de hambruna que pueda generar la falta de ingresos económicos en cada una de las familias, que son dependientes de la actividad minera”.
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Esta medida que ha captado la atención a nivel nacional responde a una serie de conflictos que se han escalado hasta llevar a una paralización total de las actividades mineras en el departamento.
Según los representantes del gremio, el cese de actividades obedece a la decisión del Ministerio de Defensa de dejar en firme el Decreto 1035 del 14 de agosto de 2024 en el cual regula el uso de la maquinaria pesada en actividades mineras.
El Decreto faculta a las Fuerzas Militares para que destruyan la maquinaria pesada amarilla usada con fines ilícitos. Esta labor solo la podía realizar una dependencia de la Policía.
De ahora en adelante tanto la Policía como el Ejército y la Armada de Colombia tienen toda la autoridad par neutralizar, destruir o inhabilitar la maquinaria pesada utilizada en actividades mineras sin el correspondiente título minero y licencia ambiental.
Esto aplica para casos en flagrancia lo que permite la incautación inmediata de la maquinaria y todos los elementos que se utilizan en la minería y su posterior destrucción de confirmarse que no cuentan con los documentos legales.
La relación entre el gremio minero y las autoridades ha sido tensa en los últimos meses. Las decisiones del gobierno sobre las políticas mineras y ambientales percibidas como desfavorables han aumentado el descontento del sector.
Las nuevas regulaciones ambientales impuestas por el gobierno también han sido otro factor que incentivó a la decisión de declarar el paro. Los mineros dicen que las exigencias para cumplir con estas regulaciones son excesivas y difíciles de implementar sin una mayor inversión en algunos procedimiento y en la tecnología.
El paro convocado para el 31 de agosto ha provocado una serie de problemas sociales. Muchas familias en comunidades mineras dependen directamente de los empleos generados por el sector. La suspensión de dichas actividades deja a muchos trabajadores sin ingresos aumentando la tensión económica sobre estas familias.
Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la minería contribuye con aproximadamente el 1.6% del empleo total en el país. Aunque esta cifra supone ser baja en comparación con otros sectores su impacto es mayor en las regiones mineras como Antioquia.
Paro de transportadores de carga contra la “sordera” del presidente Gustavo Petro
El viernes 30 de agosto los transportadores de carga y de transporte del país realizaron una marcha nacional en respuesta a una controvertida decisión del gobierno sobre el precio del diésel.
Las protestas que incluirán caravanas pacíficas en diversas ciudades se centraron en la reciente declaración del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acerca del aumento del precio del Acpm (diésel) en $2.000 semestrales hasta alcanzar $6.000, a partir de 2025.
El anuncio de Bonilla, que afirmó que “hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real”, generó descontento entre los transportadores. No va a haber acuerdo”, sentenció el ministro. Esto encendió la chispa del descontento en el gremio de transportadores.
Este incremento potencialmente afectará de manera significativa los costos operativos de los camioneros quienes decidieron responder con manifestaciones.
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