En las investigaciones en curso sobre los crímenes relacionados con el exterminio del partido Unión Patriótica y los llamados ‘falsos positivos’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, en la investigación del macrocaso 06 (exterminio de la Unión Patriótica) y macrocaso 03 (’falsos positivos’).
Según reportó La W, la citación se produce en el marco de una declaración reservada que brindó desde Estados Unidos Dairo Úsuga, alias Otoniel, exjefe paramilitar y excomandante del Clan del Golfo, quien fue extraditado por narcotráfico.
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Mediante un documento al que tuvo alcance el medio citado, la JEP sostiene que entre junio de 2001 y junio de 2002 el departamento de Arauca experimentó una “concentración geográfica de violencia letal” en contra de los miembros de la Unión Patriótica.
Dicho periodo coincide con la actividad del Bloque Vencedores de Arauca del paramilitarismo, en el que se presume la colaboración de miembros de la Fuerza Pública en la comisión de crímenes, según se detalla en un auto judicial de nueve páginas conocido por La W.
Alfredo Iván Guzmán Tafur ha sido mencionado directamente por Otoniel en sus declaratorias reservadas ante la JEP, lo cual impulsa la necesidad de lo que el tribunal califica como “información relevante para la recta administración de justicia transicional”.
Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha encargado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que recopile toda la información posible sobre el paradero y los datos de contacto del exalcalde en un plazo de diez días para proceder con la notificación formal del llamado a testificar.
En 2009, Guzmán fue apresado por el Ejército y el CTI, requerido por la fiscalía de derechos humanos en Cúcuta por delitos como concierto para delinquir y homicidio. Además, también fue investigado por su presunta participación en el asesinato del también exalcalde de Tame, Jiame Orlando Reuto.
Los diálogos de alias Otoniel con la JEP
El 16 de abril, durante una audiencia reservada en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, el ex paramilitar alias Otoniel proporcionó datos y nombres de altos oficiales de la Fuerza Pública y otros servidores públicos relacionados con casos investigados en los macrocasos 03, 04 y 06 del JEP. Así lo indicó el procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alonso Pio Fernández Angarita, quien asistió en representación de las víctimas.
Otoniel proporcionó detalles cruciales sobre los ‘falsos positivos’, crímenes contra exmilitantes de la Unión Patriótica (UP), y la relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares, facilitando el avance en el esclarecimiento de la verdad y la identificación de los principales responsables de estos crímenes. Las versiones y afirmaciones fueron corroboradas gracias a este testimonio, que, además, amplió la información que el testigo había entregado en audiencias previas a su extradición.
El papel de la Procuraduría General de la Nación será comparar el testimonio de alias Otoniel con versiones proporcionadas por otros comparecientes y las víctimas. Este análisis se llevará a cabo en la etapa procesal correspondiente, donde la Procuraduría se manifestará mediante observaciones y otras herramientas legales para evaluar el grado de compromiso y verdad de los comparecientes en busca de beneficios bajo la justicia transicional.
La JEP pidió que se desestimara proceso en contra de excongresista
El excongresista Luis Fernando Almario Rojas podría enfrentar un nuevo capítulo en su historial judicial si prospera la petición de la Procuraduría a la JEP, que busca anular el proceso contra Almario Rojas involucrado en casos relacionados con las Farc. La solicitud se fundamenta en diversas inconsistencias identificadas en el desarrollo del proceso legal contra Almario.
La Procuraduría argumenta que durante el procedimiento se ha violado el “factor de competencia” al remitir el caso directamente a juicio sin cumplir todos los requisitos legales. Este desajuste podría invalidar la gestión judicial que se lleva a cabo en la JEP. Según el órgano de control, se remitió el trámite al estamento acusatorio sin contar con el necesario Auto de Determinación.
Además, el Ministerio Público señala que se ha vulnerado el “principio de integridad del sometimiento” en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Almario, quien sostiene no tener relación alguna con la guerra ni con los crímenes atribuidos, ha demostrado una incapacidad para satisfacer los mínimos de verdad requeridos por el régimen de condicionalidad. Esto debería motivar la apertura de un incidente de incumplimiento previo al juicio, paso que, según la Procuraduría, no se valoró adecuadamente.
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