Defensa de Jhonier Leal exige garantías especiales para el traslado de su cliente a una prisión de máxima seguridad

En la mañana del martes 27 de agosto, se conoció que Jhonier Rodolfo Leal Hernández, condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, será trasladado a un centro de reclusión de máxima seguridad.

Este movimiento se da en respuesta a una solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó su preocupación por las condiciones de reclusión actuales de Leal.

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La petición de la Fiscalía se fundamenta en la sospecha de que Leal tendría acceso a comunicaciones telefónicas a través de celulares dentro de La Picota, la prisión de Bogotá donde se encontraba recluido hasta ahora.

“Se peticiona a la institución, se estudie la viabilidad de realizar un traslado de centro carcelario de máxima seguridad, para garantizar que el señor Jhonier Leal no tenga acceso a dichos beneficios, los cuales, como se ha venido indicando, no son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico”, detalló la Fiscalía en su solicitud formal.

En respuesta a esta petición, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió la Resolución 7833 del 23 de agosto de 2024, en la que se ordena el traslado de Leal a una prisión de máxima seguridad. El traslado de Leal podría llevarlo a uno de los centros penitenciarios más rigurosos del país, como La Tramacúa, en Valledupar, o la prisión de Cómbita, en Boyacá, ambos conocidos por sus estrictas medidas de seguridad. La decisión sobre el lugar específico de reclusión aún está en proceso de evaluación, según informó el Inpec.

Ante esta determinación, la abogada defensora de Jhonier Leal, Ana Julieth Velásquez, ha solicitado al Inpec que tome todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de su cliente durante el proceso de traslado y su posterior estancia en la nueva prisión.

En un comunicado formal dirigido al complejo carcelario de Bogotá, Velásquez expresó: “Teniendo en cuenta la resolución 7833 del 23 de agosto de 2024 emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), solicito de manera formal y urgente que se implementen por parte del Inpec todas las medidas de seguridad necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de mi prohijado Yhonier Rodolfo Leal Hernández durante el proceso de traslado a un nuevo centro carcelario de máxima seguridad, así como durante su permanencia en dicho establecimiento”.

Velásquez subrayó la importancia de que también se adopten todas las medidas administrativas necesarias para prevenir cualquier riesgo que pudiera comprometer la seguridad física y psicológica de Leal. “Es fundamental que se adopten las precauciones pertinentes para asegurar su integridad física y psicológica en todas las etapas, dado el contexto y las circunstancias que rodean su situación”, insistió la abogada.

Este caso ha sido uno de los más mediáticos en Colombia en los últimos años, no solo por la notoriedad de las víctimas, sino por la confesión de Jhonier Leal, que inicialmente negó su participación en los crímenes, pero más tarde admitió su culpabilidad. Sin embargo, el caso volvió a saltar a las portadas de los principales medios de comunicación debido a la revelación de nueva evidencia que ha dejado nuevos interrogantes sobre lo ocurrido.

Dentro de las pruebas recientemente reconocidas, se encuentran dos videos que muestran a Mauricio Leal en sus últimos momentos con vida. Dicho material probatorio fue descubierto y presentado por el fiscal Mario Burgos Patiño, pero llama la atención el porqué este material no se utilizó en el juicio contra Jhonier Leal.

El ente acusador informó que el contenido del teléfono de Mauricio Leal fue extraído el 15 de diciembre de 2021 por el grupo de delitos informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la seccional Bogotá. Este procedimiento resultó en un extenso informe de 1.015.805 páginas. Además, aseguró que el contenido del dispositivo móvil estuvo disponible para todas las partes involucradas en el proceso penal.