En junio de 2023 fue capturado el patrullero Diego Muñoz por extorsionar a comerciantes en Soacha, Cundinamarca. El hombre se encuentra en el patio de funcionarios de la cárcel La Picota, donde ahora vive un nuevo capítulo tras ser atacado con un arma cortopunzante. Sus abogados afirmaron que este intento de asesinato se dio como represalia a la cooperación de Muñoz con la justicia.
De acuerdo con Blu Radio, Luis Gustavo Moreno, abogado defensor, hizo un llamado urgente a los entes de control para que tomen cartas en el asunto y garanticen la vida de su cliente. “Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia”, demandó. El letrado aseguró que el expatrullero decidió someterse a la justicia, y se encuentra en un proceso de negociación de un preacuerdo con la Fiscalía.
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“Le pido a las ías que tomen acciones, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que haya garantías. Diego Muñoz es una persona que ha decidido someterse a la justicia y se encuentra en ese momento tramitando un preacuerdo, asumiendo su responsabilidad. Exigimos que se garantice la vida de los privados de la libertad. Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia, someterse a la justicia”, añadió Moreno.
Y es que este ataque está directamente relacionado con la causa que llevó a Diego Muñoz a la cárcel. En 2023 el expatrullero fue señalado de exigir dinero a los comerciantes a cambio de no judicializarlos, los hechos quedaron registrados cuando el sujeto, en un desesperado intento por ocultar la evidencia que lo incriminaba, decidió comerse los billetes que le habían pagado.
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Los cargos que enfrenta este sujeto incluyen la extorsión y privación arbitraria de la libertad, delitos que buscó mitigar en la negociación con la justicia; sin embargo, dicha colaboración lo puso en peligro. Fuentes cercanas al medio anteriormente mencionado afirmaron que varios compañeros de Muñoz tenían resentimiento hacia él y estaban interesados en silenciar sus testimonios.
El proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación ha sido lento como consecuencia de apelaciones y problemas con la consignación del dinero recuperado.
“Nosotros teníamos un bar, el policía decide el 30 de mayo (2023) a la madrugada llevarse a mi esposo hacia el CAI (Comando de Atención Inmediata) de Compartir exigiéndome que para dejarlo libre tenía que conseguirle inicialmente dos millones, los cuales yo no tuve; sin embargo, yo reuní un millón. A raíz de que le di el millón, él (patrullero) decide dejarlo en libertad”, relató la mujer víctima de extorsión al medio CityTV, pero todo se pondría cuesta arriba con las palabras que les dijo después el uniformado.
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“Cuando lo deja en libertad dice que son $5 millones, que semanalmente debían darle 500 mil hasta completar la totalidad, ahí es cuando yo decido denunciar y son capturados”, añadió la mujer, que le pidió al ente investigador que “hagan bien el trabajo, que no los vayan a dejar en libertad con todas las pruebas que tienen”.
En aquel momento, el director general de la Fiscalía seccional Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, aseguró que “ya habían exigido un millón de pesos: se les había hecho entrega a la víctima de esta suma. Y habían acordado el resto de la extorsión, que fuera entregado semanalmente en sumas de 500 mil pesos. Al primer cobro, le hacen la entrega (del dinero) ya estaba el operativo montado. Cuando reciben el dinero se produce su captura en flagrancia”.
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