Corrupción en la Ungrd: senador Juan Pablo Gallo renunció a la Comisión de Crédito Público

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público recibió el miércoles 14 de agosto la carta de renuncia del senador Juan Pablo Gallo, miembro del Partido Liberal.

La decisión se registró en medio del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el cual nueve congresistas de dicha comisión han sido vinculados, incluyendo el senador Gallo, que ha negado firmemente su participación en el entramado de corrupción al interior de la entidad del Gobierno.

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“En los últimos días, se ha tejido un manto de sombra frente a mi actuación como miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, designación realizada el pasado 28 de noviembre de 2023, por esta honorable comisión”, se lee en la carta enviada por el congresista al secretario general de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Congreso.

Añadió que, “Ante señalamientos sin fundamento y con plena certeza de mis actuaciones, pero sobre todo de mi papel de opositor, de manera atenta, me permito presentar renuncia a partir de la fecha, a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está integrada por seis congresistas: tres del Senado y tres de la Cámara de Representantes, quienes son seleccionados de la Comisión Tercera de cada corporación legislativa. Sus miembros actuales son las senadoras Liliana Esther Bitar Castilla del Partido Conservador e Imelda Daza del Partido Comunes, así como los representantes Milene Jarava Díaz del Partido de la U, Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal y José Alberto Tejada Echeverri del Pacto Histórico.

Este comité es fundamental para la supervisión del crédito público, un aspecto crucial en las finanzas estatales. La inclusión de miembros de diferentes partidos busca aportar pluralidad y representatividad en las decisiones financieras que afectan al país.

No obstante, el caso de Juan Pablo Gallo resuena con fuerza dentro y fuera del Congreso, dado que se le vincula a un escándalo de corrupción en la Ungrd, entidad dedicada a gestionar los riesgos de desastres naturales, un área particularmente sensible en un país con alta exposición a fenómenos climáticos adversos.

A pesar de las acusaciones, Gallo se ha mantenido en su postura de inocencia expresando que no tuvo nada que ver con el presunto movimiento de contratos para beneficiar proyectos del Gobierno en el Congreso, que habría liderado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Al respecto, el senador negó conocer al ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla, también implicado en el escándalo.

“Nunca, pero nunca. Es que no me los he encontrado ni en público, ni en las instalaciones que nunca he pisado, que se pueden corroborar por cualquier derecho de petición muy fácilmente. Ni de forma privada, ni en una oficina, ni en algún lado, nada, en ninguna parte”, señaló en conversación con Semana.

El impacto del escándalo y la renuncia en la dinámica legislativa podría tener consecuencias en debates y decisiones futuras, mientras se espera que las investigaciones en curso aporten claridad sobre la implicación o exoneración de los señalados en el entramado de corrupción que no solo involucra a congresistas, sino también a altos funcionarios del Gobierno.

Los otros seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd son Andrés David Calle Aguas y Julián Peinado Ramírez, del Partido Liberal; Wadith Alberto Manzur y Liliana Esther Bitar Castilla, del Partido Conservador; Karen Astrith Manrique Olarte, de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; y Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U.

Llama la atención que la Comisión Tercera de la Cámara designó a los ponentes y coordinadores que respaldarán el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 presentado por el ministro Ricardo Bonilla. Se trata de los representantes Karen Manrique y Julián Peinado, ambos bajo investigación por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente recibir dineros a cambio de aprobar créditos de la Nación durante uno de los encuentros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual hacen parte.