
El periodista colombiano Jaime Garzón Forero fue asesinado hace 25 años, el 13 de agosto de 1999, en Bogotá. Por tal motivo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) conmemoró esta fecha como parte de su campaña Voces que reclaman justicia, iniciativa dedicada a mantener viva la memoria de los reporteros caídos en el ejercicio de su labor informativa y persiste en su exigencia de justicia.
Por tal motivo, la SIP recordó en una publicación que Garzón fue asesinado en la madrugada del viernes 13 de agosto de 1999, por dos individuos que se transportaban en una motocicleta y que le dispararon cinco veces. Al respecto, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que: “la investigación sobre el asesinato de Garzón reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial, a 25 años de cometido el crimen”.
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Como periodista, Garzón se destacó por su uso del humor político, dado que presentaba las noticias a través de personajes populares con un estilo irreverente y sarcástico en una época de intensos conflictos entre grupos paramilitares y guerrilleros. Según mencionó la SIP, Garzón criticaba duramente a la sociedad, al gobierno y a la violencia reinante en Colombia.

En 2004, Carlos Castaño, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de cárcel como autor intelectual del asesinato; sin embargo, Castaño nunca cumplió esta condena, ya que fue asesinado un mes después de conocerse su sentencia, pero ese no fue el único posible actor en el crimen que nombró la SIC, pues recordó a José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como coautor intelectual del homicidio de Garzón.
Aun así, Narváez cumple su condena en una guarnición militar y no en una cárcel, como denunció Alfredo Garzón, hermano del periodista, además, otros involucrados, como miembros del DAS, narcotraficantes y sicarios con conocimiento del homicidio, también fueron asesinados.
En marzo 2024, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró a Rtvc que el asesinato de Garzón fue un crimen de Estado y que “la orden habría venido de más arriba”, es menester acotar que la familia de Garzón presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, momento en el que denunció la participación de funcionarios públicos en el crimen y la falta de una justicia efectiva.

En 2016, el asesinato de Garzón fue declarado un delito de lesa humanidad por la participación de agentes del Estado junto a grupos paramilitares, lo cual evitó su prescripción. En ese momento, la CIDH emitió un informe de admisibilidad el 5 de julio de 2022 que permitió una nueva evaluación de las circunstancias del homicidio con la esperanza de que se pueda revelar la verdad y superar la impunidad.
Los familiares de Garzón argumentaron que “la investigación fue desviada por funcionarios del DAS y torpedeada por miembros de la Policía”, señalando que la Fiscalía General de la Nación no investigó de manera seria y exhaustiva, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad penal de ciertos miembros del Ejército.
Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, insistió en que “para garantizar la procuración de justicia en este crimen es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables, tal como lo vienen reclamando la familia y los grupos de defensa de la libertad de prensa”.
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