Carlos Carrillo, director de la Ungrd: “Lo que pasó con la Ñoñomanía es aterrador”

La captura reciente de el Ñoño Elías y la condena que le impusieron a Musa Besaile siguen provocando reacciones en el país político. En un post de X, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, se pronunció y señaló que, si bien estos dos personajes están pagando sus respectivas condenas, las prácticas de corrupción siguen siendo una constante en Córdoba y en el país en general.

“Lamentablemente el bellísimo departamento de Córdoba ha sido víctima del saqueo de una clase política corrupta y sin escrúpulos. Lo que pasó con la Ñoñomanía es aterrador; entre otras, por la forma en que muchos naturalizaron el saqueó. Besaile y Elías se van de nuevo a la cárcel pero su forma de hacer política sigue intacta”, señaló.

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Musa Besaile y Ñoño Elías, ante la justicia

En la madrugada del viernes 9 de agosto, a las 5:25 de la mañana, por orden de la Corte Suprema de Justicia fue capturado en Sincelejo el exsenador colombiano Bernardo “El Ñoño” Elías, aparentemente en la casa de sus suegros, según informaron varios medios de comunicación.

Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile, exsenadores conocidos en el ámbito político como “los ñoños”, regresarán a prisión por orden del alto tribunal esta vez como parte de un proceso por tráfico de influencias para dirigir contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), según confirmó la Corte Suprema de Justicia. Ambos exlegisladores ya habían sido condenados anteriormente en relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht.

El exsenador Musa Besaile fue trasladado a prisión. Ambos políticos se encuentran inmersos en investigaciones relacionadas con casos de corrupción y manejo indebido de fondos públicos, centrándose en Fonade. Este organismo, cuyo nombre completo es Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, ha sido el centro de múltiples investigaciones por irregularidades administrativas y desvíos de recursos.

El caso Fonade ha levantado numerosas sospechas de corrupción desde hace varios años, implicando a diversas figuras políticas en la malversación de fondos destinados a proyectos de desarrollo.

Los hechos por los que se recapturan los dos excongresistas, informó la Corte Suprema, ocurrieron entre el último semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017. Durante ese período, Elías y Besaile utilizaron sus influencias políticas y su control sobre cuotas burocráticas en Fonade para adjudicarle un contrato de interventoría a su amigo Richard Kamal Nader Ordosgoistia. La Corte detalló que estos actos ilícitos tuvieron lugar cuando los exsenadores derivaron de manera indebida ventajas de sus posiciones.

Ambos exsenadores ya habían confesado y recibido condenas por su participación en el escándalo de Odebrecht. Los beneficios jurídicos les fueron otorgados en su momento por su cooperación con la justicia. Musa Besaile, quien cumplía una orden de detención domiciliaria, fue trasladado a una cárcel, mientras que Bernardo Miguel Elías ya habría sido recapturado.

Durante la presidencia de Juan Manuel Santos, los ñoños mantuvieron una relación privilegiada en el Congreso, proporcionando apoyo crucial para la reelección presidencial. Su influencia en la región de Córdoba era importante; lideraron campañas que, presuntamente, aseguraron votos esenciales para Santos. A cambio de su respaldo, recibieron acceso y control sobre entidades gubernamentales como Fonade, donde colocaron a varios de sus recomendados. Esta dependencia, ahora desmantelada, se convirtió en el epicentro de sus prácticas corruptas.

El escándalo de Odebrecht, que sacudió a múltiples países latinoamericanos, reveló una extensa red de sobornos y corrupción. La empresa constructora brasileña desembolsó sumas cuantiosas a cambio de influencias y contratos de obras públicas. En Colombia, esta trama involucró a funcionarios y políticos de alto nivel, incluidos los exsenadores cordobeses, quienes recibieron dinero para financiar campañas políticas.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, con esta acción se busca salvaguardar la integridad de las entidades públicas y dar un paso firme en la lucha contra la corrupción en el país.