Concejala del Centro Democrático se contradice al oponerse a vehículos que solicitó el alcalde de Bogotá, cuando ella pidió lo mismo

Diana Diago, concejala de Bogotá por el partido Centro Democrático, ha demandado al alcalde Carlos Fernando Galán por la solicitud de 2.600 millones de pesos para la compra de camionetas blindadas destinadas a su seguridad y la de su familia.

La polémica surgió esta semana después de que Diago publicara un video en sus redes sociales condenando la petición del alcalde. “Es el colmo, son para él y su familia, es un completo despropósito”, afirmó la concejal. Según Diago, la seguridad de los bogotanos está siendo desatendida, mientras que el alcalde garantiza su propia protección.

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La polémica alcanzó nuevas dimensiones cuando Diago comparó a Galán con la vicepresidenta Francia Márquez, aludiendo a la controversia sobre el uso de un helicóptero por parte de Márquez. “Mientras la seguridad de los bogotanos está a la deriva, el único que camina seguro es el alcalde. Galán se está pareciendo a Francia y su famoso cuento del helicóptero”, mencionó Diago en su video, invitando a sus seguidores a compartir sus preocupaciones.

Semana informó que Diago, en una solicitud fechada el 15 de abril de 2024, pidió también un cambio de su propio vehículo blindado.

La solicitud, dirigida al director financiero del Concejo de Bogotá, Milton Alberto Bello, aducía problemas técnicos en su camioneta, un modelo 2019. Diago indicó que la filtración de agua por el techo y el mal funcionamiento del aire acondicionado eran los principales problemas, los cuales también fueron confirmados en un documento de la Unidad Nacional de Protección.

La solicitud de renovación del parque automotor que protege y transporta al alcalde Galán provino directamente de la Policía, según Semana. Las camionetas que el alcalde utiliza tienen más de ocho años y, según la policía, necesitan ser reemplazadas para seguir garantizando la seguridad del mandatario.

La alcaldía de Bogotá solicita adición presupuestal por más de $35.000 millones

La Alcaldía de Bogotá ha presentado al Concejo de Bogotá una solicitud para una adición presupuestal que supera los $35.000 millones. Entre los componentes clave de esta adición se encuentra la mejora de la flota de camionetas blindadas destinadas al alcalde Carlos Fernando Galán.

Según la comunicación enviada por la Alcaldía, el objetivo de esta renovación del parque automotor es “garantizar el libre ejercicio de sus funciones” y proporcionar seguridad tanto al alcalde como a su núcleo familiar en sus desplazamientos. La flota actual, que está bajo la modalidad de comodato con la Policía Nacional, presenta signos de desgaste por el uso continuo, lo que justifica la necesidad de actualización.

“Sumado a esto, los vehículos actuales se encuentran bajo la modalidad de comodato a la Policía Nacional, los cuales presentan desgaste o deterioro por uso”, se agrega, y se deja en claro que “en el marco del fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los directores de la cárcel distrital y CER, se hace necesario la renovación de los vehículos asignados a estos funcionarios, dadas sus funciones y los niveles de riesgo propios del cargo”.

Además, la Secretaría Distrital de Seguridad ha solicitado recursos para la adquisición de kits de seguridad, la atención a marchas, el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica Cisco, y la construcción e interventoría del Comando de la Brigada XIII del Ejército.

Una de las voces críticas a la solicitud de estos recursos ha sido la concejala Diana Diago, del Centro Democrático. Diago cuestionó la necesidad de comprar nuevas camionetas blindadas para el alcalde y su familia, sugiriendo que las asignadas actualmente deberían ser suficientes.

Posteriormente, en un contexto de crisis tras el asesinato de Élmer Fernández, director de la Cárcel La Modelo, también se propuso renovar la flota de vehículos asignados a los directores de la Cárcel Distrital y el Centro Especial de Reclusión (CER), con una inversión valorada en $322 millones. Esta renovación está inscrita en los esfuerzos de fortalecimiento de las condiciones de seguridad de estos funcionarios, dado el alto nivel de riesgo asociado a sus cargos.