El conflicto entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) y Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, ha escalado a las redes sociales, avivándose a raíz de una reciente decisión del Consejo de Estado, de acuerdo con una publicación de la Revista Semana.
La disputa, que se remonta a 2019, gira en torno a un laudo arbitral que obligaba al Distrito a pagar 64.000 millones de pesos al operador del relleno sanitario, quien alegaba un desequilibrio económico.
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Durante su tiempo como alcaldesa, López mantuvo una postura firme en contra del CGR, y a pesar de haber dejado el cargo, la controversia continúa. La exalcaldesa celebró públicamente la decisión del Consejo de Estado a través de un mensaje extenso en sus redes sociales, en el que se atribuyó la victoria, destacando la lucha de su administración contra lo que calificó como “chantajes politiqueros”. Agradeció a su equipo legal y de gobierno por su trabajo en esta batalla que, según ella, protegió tanto la vida como los recursos de los bogotanos.
López también aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia el partido Cambio Radical, al cual acusó de haber utilizado la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para beneficiar a CGR.
Según ella, desde que ganó la Alcaldía en 2019, se le concedió un tribunal de arbitramento antes de su posesión, y desde el primer día de su administración, asegura haber combatido lo que considera corrupción y politiquería, utilizando todas las medidas legales disponibles.
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En respuesta a estas declaraciones, el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana emitió un comunicado en redes sociales donde desmentía las afirmaciones de López y enfatizaba la importancia de respetar los fallos judiciales.
CGR argumentó que el Consejo de Estado ratificó que la responsabilidad de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados recaía en el Distrito, y que desde el inicio del contrato, la planta no cumplía con las normas ambientales debido a su incapacidad para tratar el lixiviado producido.
Además, CGR cuestionó la suficiencia tarifaria, señalando que la Alta Corte remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejando sus derechos vigentes y sin objeciones, en contraposición a lo afirmado por López.
En cuanto a las acusaciones de corrupción, CGR recordó que la directora de la Uaesp durante la administración de López, Luz Amanda Camacho Sánchez, había sido imputada por la Fiscalía por daños ambientales y estaba siendo investigada por otros escándalos ocurridos bajo su gestión.
La compañía también exigió a López que presentara pruebas concretas de las acusaciones de corrupción, ya que consideraban que estas afectaban la integridad y dignidad de sus trabajadores y directivos. Advirtieron que tomarían las acciones jurídicas necesarias para exigir retractaciones si fuera necesario, y concluyeron afirmando que el contrato con el Distrito se estaba ejecutando de manera adecuada, como podrían certificar las entidades de control.
Hasta el momento, Cambio Radical no ha respondido a las declaraciones de Claudia López, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.
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