La Procuraduría General de la Nación solicitó asumir el poder preferente en los procesos disciplinarios de la secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, debido a la supuesta presentación de documentos falsos por parte de aproximadamente 18 docentes. Así lo reportó la Procuraduría en un comunicado oficial difundido el 8 de agosto de 2024.
Según la información proporcionada, se está investigando a servidores públicos que laboran en diferentes centros educativos de Bogotá por la presunta entrega de documentación falsificada, con el objetivo de ascender o tomar posesión de sus puestos.
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La oficina de Control Interno de la secretaría de Educación ya había adelantado investigaciones en estos casos, encontrando irregularidades en la documentación presentada por los involucrados.
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En respuesta a estas incidencias, el despacho del viceprocurador General de la Nación Silvano Gómez Strauch indicó que se había llevado a cabo un análisis meticuloso para evaluar la conveniencia de avocar estos casos directamente.
El viceprocurador Gómez Strauch aseguró que “los hechos objeto de investigación supongan un probable quebrantamiento de la estructura institucional y comunitaria posiblemente por vulnerar el ordenamiento jurídico, así como los principios, derechos y garantías necesarios”.
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Asimismo, el ente de control insistió en el deber funcional de transparencia que asiste a los funcionarios públicos en el área de la educación.
Docentes en Santa Marta habrían falsificado documentos para poder retirar las cesantías
Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la administración pública de Santa Marta. La Oficina de Asuntos Disciplinarios ha puesto bajo la lupa a un grupo de maestros que estarían involucrados en la presunta falsificación de documentos para acceder ilícitamente al retiro parcial de cesantías.
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El director de la Oficina, Luis Alberto Rincón, no ha escatimado palabras al referirse al caso, señalando que la investigación se desató tras la detección de una serie de certificados falsos presentados por varios docentes.
“No toleraremos que se utilicen estos mecanismos fraudulentos para aprovecharse de los recursos destinados a los trabajadores. Estamos recopilando toda la información necesaria y, en su momento, la daremos a conocer a la ciudadanía”, afirmó Rincón.
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Este no es un caso aislado, pues la administración de Santa Marta ha tenido que enfrentar múltiples episodios similares en el pasado, lo que pone en entredicho la integridad de los procesos administrativos de la ciudad.
Inhabilitado profesor de la Universidad del Atlántico por acoso laboral
La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión contundente el 8 de agosto de 2024 al destituir e inhabilitar por doce años a Jairo Molina Soto, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico.
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Esta medida se fundamenta en un patrón de acoso laboral y maltrato que Molina Soto ejerció de manera reiterada contra varios de sus compañeros.
El Ministerio Público no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de las acciones del docente, quien se dedicó a formular acusaciones infundadas y difamaciones contra dos colegas, utilizando su correo institucional como medio para propagar sus ataques.
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Uno de los blancos principales de estas difamaciones fue un miembro del Consejo Superior de la universidad, lo que motivó a la Procuraduría a abrir un pliego de cargos en su contra.
Las investigaciones de la Procuraduría revelaron que entre 2019 y 2022, Molina Soto mantuvo una actitud persistente de menosprecio y humillación hacia sus compañeros de trabajo. Los correos electrónicos enviados por el docente, plagados de calificativos despectivos, ponían en entredicho las competencias profesionales de sus víctimas, sugiriendo que no estaban capacitados para ejercer como docentes.
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Según la Procuraduría, Soto habría agredido físicamente a otro docente a quien descalificó, lanzando improperios y haciendo alusión a temas referentes con su vida privada y la de su familia. “Expresiones injuriosas, ofensivas y despectivas, así como los seudónimos con los que se refería a las personas con quienes trabajaba, a quienes tildaba de “doctor de todito”, “La hiena herida”, “pasquinera” y “plagiadora””, agregó el ente de control
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