
En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, el presidente Gustavo Petro presentó la terna para la dirección de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el mandatario, Dora Lucy Arias, Iris Marín Ortiz y Jomary Liz Ortegón “cumplen a cabalidad los requisitos legales exigidos por la Ley 24 de 1992″ para ocupar el cargo de defensora del Pueblo.
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“Ante la honorable Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia me permito presentar la terna de candidatas para la elección de la próxima defensora del pueblo, quienes cumplen a cabalidad los requisitos legales exigidos por la Ley 24 de 1992″, se lee en la misiva.
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La elección de la próxima defensora del Pueblo, que por primera vez será una mujer, deberá ser elegida por votación en una sesión en la Cámara de Representes.
Sobre la terna presentada por el mandatario el presidente de la Cámara a través de su cuenta de X indicó que “esta es la terna de mujeres enviada por el Señor Presidente @petrogustavo para la @DefensoriaCol. Invito a las candidatas a presentar su hoja de vida y sus propuestas a cada una de las bancadas de la @CamaraColombia”.
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Las ternadas por el presidente Petro son defensoras Derechos Humanos y han trabajado como abogadas relacionadas en temas relacionados en ese ámbito durante muchos años.
Perfil de la ternadas
Dora Lucy Arias hace parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde ha manejado procesos de relacionados con las comunidades indígenas y afro. Además, ha encabezado procesos sobre la defensa de los territorios.
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Iris Marín Ortiz es abogada constitucionalista donde se desempeñaba como magistrada auxiliar del despacho de Natalia Ángel en la Corte Constitucional. Es abogada egresada de la Universidad del Rosario y ha ejercido su profesión durante 25 años en casos relacionados con la paz y víctimas del conflicto armado.

Jomary Ortegón Osorio es especialista en derecho constitucional y penal y cuenta con magíster en Estudios Latinoamericanos. La jurista cuenta con 20 años de experiencia en temas de Derechos Humanos y hace parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
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El impacto de esta estructura que tiene preocupadas a las entidades de Derechos Humanos
En medio de las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro Petro y el Clan del Golfo, el comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Francisco Rozo, lanzó una dura advertencia contra el grupo armado.
En declaraciones recogidas por Semana, Rozo indicó que la naturaleza criminal de la organización sigue siendo relacionada con el tráfico de droga. “Claramente el ‘Clan del Golfo’ es un grupo narcotraficante, se abastece para sus finanzas y su estructura criminal, del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, de la extorsión. Ahí es donde nosotros seguiremos haciendo el trabajo para demostrar la voluntad que tienen las Fuerzas Militares para neutralizar estas acciones”, informó a la prensa.
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La Defensoría del Pueblo también se pronunció el 6 de agosto del 2024, sobre el impacto del Clan del Golfo en la ciudadanía, en territorio nacional. Según este organismo, la presencia del grupo armado ha aumentado en un 84% en los últimos cinco años, con una ampliación de acciones de 213 a 392 municipios.

“Entre el 2017 y lo que va del 2024 ha emitido 317 Alertas Tempranas (AT); en 173 de ellas, es decir, del 54% del total, ha alertado sobre la presencia y operación criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en distintos lugares del territorio nacional”, informó la entidad.
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La Defensoría insistió en que “los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”.
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