Entutelaron a Gustavo Petro, a la fiscal general de la Nación y al director de la UNP: el denunciante asegura que negociadores de las disidencias con el Gobierno lo tienen amenazado

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda que exige la eliminación de los esquemas de seguridad asignados a los miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esta demanda ha suscitado preocupación para los miembros de las disidecnias, ya que la protección incluye vehículos, combustible, armas y personal, elementos que, según el demandante, podrían aumentar el riesgo para la vida de los líderes sociales del país.

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La acción de tutela interpuesta argumenta que los recursos de seguridad provistos por la UNP para las disidencias de las Farc, podrían agravar las ya peligrosas condiciones para estos líderes. Según el documento presentado, se solicita específicamente “ordenarle a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, suspender toda decisión de medios como camionetas, armas, chalecos y hombres de seguridad y protección para los miembros del Estado Mayor Central de las Farc-ep”.

Este caso llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los líderes sociales en Colombia, donde los asesinatos y las amenazas continúan siendo un problema persistente. Según datos de organizaciones de derechos humanos, el número de líderes asesinados ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que hace urgente la revisión de políticas de seguridad en el país.

“Primero: ADMITIR la acción de tutela promovida por el señor Sebastián Alonso Velásquez Vélez contra el presidente de la República, Gustavo Petro; la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el Director de la Unidad Nacional de Protección - UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros”, se lee en el documento publicado por el Consejo de Estado.

Alias Firu y la controversia en la UNP

Uno de los puntos más controvertidos de la demanda es la solicitud de levantar la suspensión de las órdenes de captura contra varios disidentes, incluyendo a alias Firu, un disidente capturado mientras se movilizaba en vehículos asignados por la UNP. La inclusión de agentes de protección en los esquemas de estos individuos ha generado un intenso debate sobre la efectividad y la ética de tales medidas.

La solicitud también exige la suspensión del cese al fuego vigente entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, argumentando que la seguridad de los líderes sociales podría estar en mayor peligro bajo el actual acuerdo de paz. Sin embargo, el Consejo de Estado ha rechazado estas peticiones adicionales tras considerarlas no determinantes para la seguridad de los líderes sociales, indicando que el enfoque principal será sobre la validez del esquema de protección proporcionado a los miembros del EMC de las disidencias de las Farc.

Reacciones y perspectivas

En paralelo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también recibió la misma acción de tutela interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol). Esta organización argumenta que los dispositivos de seguridad proporcionados a estas disidencias son inapropiados y potencialmente peligrosos.

La UNP, actualmente dirigida por Augusto Rodríguez Ballesteros, ha sido objeto de críticas y defensas por parte de variados sectores. La responsabilidad de la UNP es proporcionar protección a aquellos que están en riesgo debido a su trabajo o posición, incluyendo, irónicamente, a aquellos que alguna vez fueron parte de grupos insurgentes.

Según el Consejo de Estado, en las próximas semanas se llevarán a cabo audiencias para presentar argumentos y evidencias tanto a favor como en contra de la continuidad de estos esquemas de protección. Los resultados de estas audiencias podrían tener un impacto significativo en la política de seguridad y protección en Colombia.

Mientras tanto, la situación sigue siendo tensa. Las comunidades rurales, en particular, temen que cualquier reducción en la protección pueda desencadenar un aumento en la violencia contra aquellos que han trabajado arduamente para promover la paz y el desarrollo en sus regiones. Es una situación con múltiples capas de complejidad, que requiere una atención cuidadosa y equilibrada por parte del sistema judicial y del gobierno colombiano.

La evolución de este caso será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, ya que representa no solo una cuestión de seguridad, sino también de justicia y derechos humanos para aquellos que han sido más afectados por décadas de conflicto en el país.