A dos años del mandato de Gustavo Petro como presidente de Colombia, la organización Transparencia por Colombia publicó un informe crítico sobre el impacto de la corrupción en el gobierno actual, señalando que el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) ha sido uno de los hechos más destacados y problemáticos de su administración. Desde su estallido a principios de 2024, este caso ha mantenido un perfil alto en los medios y en la opinión pública, agravando la percepción de corrupción en el “gobierno del cambio”.
El informe, que hace un balance de las acciones anticorrupción llevadas a cabo durante estos dos años, reconoce que se han implementado 57 medidas en diversas áreas. Sin embargo, la gran mayoría de estas acciones no han tenido el impacto deseado debido a los escándalos que han ensombrecido sus resultados. La ciudadanía ha visto empañadas estas medidas por una cadena de escándalos que involucraron a varios altos funcionarios designados por el presidente Petro, generando una pérdida de confianza en el gobierno.
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Transparencia por Colombia enfatizó en su informe que las iniciativas anticorrupción implementadas son insuficientes para abordar la complejidad del problema. Según la organización, es urgente que en los próximos dos años Gustavo Petro tome un rol más activo y decidido. Las recomendaciones incluyen un mayor enfoque, liderazgo e impulso presidencial para que estas medidas sean eficaces.
Los cuatro ítems en los que se concentran las 57 acciones son: anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medioambiente. No obstante, de estas medidas, solo 16 han sido completamente implementadas, 33 están en progreso y ocho más en proceso de formulación. Este avance es considerado insatisfactorio por Transparencia por Colombia, que destaca la necesidad de acelerar el ritmo de estas iniciativas.
El escándalo de la Ungrd, que ha sido uno de los protagonismos negativos más notorios durante el gobierno de Petro, resalta la falta de una estrategia preventiva y eficaz contra la corrupción. La organización criticó la reacción del presidente ante este tema, indicando que su respuesta fue más reactiva que preventiva. Además, el informe señala que las constantes acusaciones y estigmatización contra organizaciones sociales y medios de comunicación por parte de Petro han distorsionado la percepción de sus esfuerzos anticorrupción, aumentando el pesimismo entre los ciudadanos.
Otro punto relevante del informe es la situación del Plan Nacional de Desarrollo de Petro. En él se incluyó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que, aunque prometía ser un pilar en la lucha contra este problema, aún se encuentra en etapa de formulación, generando un vacío en la acción gubernamental efectiva. Transparencia por Colombia ve en esto una grave deficiencia que debe ser abordada con urgencia.
En el ámbito territorial, la organización insiste en que debe haber un mayor énfasis en el trabajo anticorrupción y en garantizar el derecho al acceso a la información pública, ya que el deterioro en estos aspectos es notable. La elección de la nueva fiscal general de la Nación también ha sido un tema controvertido.
Aunque se valora la conformación de una terna de mujeres con amplio conocimiento en la materia, se cuestionan las decisiones de la fiscal Luz Adriana Camargo, que, en lugar de nombrar un fiscal ad hoc para investigar los casos de corrupción vinculados a la campaña presidencial, apartó a los investigadores que llevaban el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente, que ha reconocido haber recibido financiamiento de fuentes cuestionables durante la campaña.
En cuanto a la paz, un tema central en el discurso de Petro a nivel internacional, la misma organización detectó falencias en los proyectos de Ocad Paz, señalando riesgos de corrupción y pidiendo mayor atención a estos incidentes, especialmente en relación con los grupos armados ilegales.
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