Esposa del ministro Ricardo Bonilla está en el ojo del huracán: hay denuncias por sus “jugaditas” para mantenerse en importante entidad del Gobierno

El Gobierno de Gustavo Petro no pasa por su mejor momento luego de las recientes denuncias que han surgido de algunos funcionarios de instituciones estatales que alegan falta de garantías para desempeñar sus labores, como en el caso del Ministerio de Trabajo, donde sus colaboradores han permanecido en huelga durante las últimas semanas.

Sin embargo, recientemente se conoció una nueva denuncia que involucra a una oficina oculta del Gobierno, pero de gran importancia para una de las reformas del presidente. Entre estas entidades se encuentra la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), un organismo clave adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que ha servido al Gobierno para proveer insumos y herramientas en iniciativas como la reforma agraria y otros programas de uso eficiente del suelo.

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Según reveló El Colombiano, algunos exfuncionarios declarados insubsistentes aseguraron que fueron removidos injustamente de la institución. Además, otro grupo denunció acoso laboral y afirma que hay un grupo de trabajadores que están “atornillados” en sus cargos a pesar de los cambios de gobierno.

Ante las críticas, la directora de la entidad y también esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió que en la Upra “hay un conocimiento generado en el grupo de contratistas que uno no puede desconocer y que pierde la entidad si uno los deja ir”, comentó Claudia Liliana Cortés al medio nacional.

La Upra fue creada en 2011 y durante diez años los empleados de planta se mantuvieron como provisionales hasta que en 2021 empezó el proceso de concurso para nombrar funcionarios de carrera. Claudia Liliana Cortés, administradora de empresas con amplia experiencia en el sector público, ingresó a la Upra en 2013 y aspiraba a ser profesional grado 22 en el concurso de 2021.

Sin embargo, a finales de 2022, los resultados la posicionaron en el tercer lugar para esa vacante, quedando en lista de espera. “Tengo más de 22 años trabajando en el sector agropecuario y en cooperación internacional. ¿Qué tenemos que hacer los cónyuges de quienes ostentan altos cargos en el Estado si siempre nos hemos desempeñado en ese sector? Es como si quedaras vetada,” explicó Cortés a El Colombiano sobre su nombramiento como directora a mediados de 2023, escogida por el Ministerio de Agricultura cuando Jhenifer Mojica seguía al frente.

Los cuestionamientos en torno a su nombramiento se han intensificado después de conocerse que, pese a aceptar el nombramiento como profesional grado 22, el más alto que maneja la entidad, Cortés solicitó una prórroga de 90 días argumentando que estaba “acompañando el programa de gobierno y las apuestas sectoriales de la señora ministra de agricultura”. Estas razones, aunque no especificadas en la norma, fueron aceptadas, algo que no ocurre en otros casos donde se exige asumir el cargo inmediatamente “por razones del servicio”, según fuentes de la entidad.

El descontento se ha manifestado también en redes sociales bajo el numeral #AbusosUPRA, donde empleados ideológicamente cercanos al gobierno de Petro denuncian la pérdida de derechos laborales. Una de las denuncias dice: “La Upra quiere imponer un listado de votantes para elegir representantes de empleados en la Comisión de Personal,” manifestó un empleado en redes.

En abril, un grupo de funcionarios, a través de un sindicato, envió a la directora Claudia Cortés un pliego de peticiones de 83 puntos, exigiendo mínimas condiciones laborales. Las negociaciones no llegaron a ningún acuerdo, y los resultados de una prueba psicosocial aplicada a los empleados no se han divulgado debido a que, según la Upra, eran “confusos”.

Felipe Silva, uno de los empleados retirados, demandó a la Upra y al MinAgricultura bajo la acusación de violación del debido proceso y prevaricato. Silva presuntamente cree que su desvinculación se debió a razones ideológicas. Otro funcionario, que pidió mantener el anonimato, aseguró a El Colombiano que existe una “cúpula” de empleados en la Upra que ha sobrevivido a varios gobiernos y ministros, manejando los hilos de la entidad.

Juan Carlos López, secretario general de la entidad, declaró que “ningún ciudadano o funcionario ha adelantado algún recurso de insistencia o acción de tutela por negarle acceso a la información pública”. Además, sobre las denuncias bajo el numeral #AbusosUPRA, añadió que “en varias instancias se han desmentido las afirmaciones y acusaciones del funcionario”.