La nación se encuentra en vilo a la espera de la decisión judicial que enviará a prisión a los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el exdirector Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla. Se presume, y las autoridades investigaron, un millonario desvío de recursos públicos.
De esta manera, el miércoles 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones de lo que han denominado la segunda fase de este complejo proceso judicial.
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Esta nueva etapa busca esclarecer la responsabilidad de altos funcionarios del Gobierno, congresistas, asesores y contratistas que, gracias a la colaboración de López y Pinilla, fueron señalados durante este escándalo. Las autoridades rastrean miles de millones de pesos que, según las investigaciones, los involucrados estarían tratando de ocultar. Un nuevo testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, habría proporcionado información crucial sobre el esquema de corrupción.
Documentos reveladores: implicación de altos funcionarios
La revista Semana tuvo acceso a dos documentos fundamentales de la Fiscalía que detallan las conclusiones de la investigación y las pruebas aportadas por los testigos. Los documentos, supuestamente, llevaron a la imputación directa de varios altos funcionarios, como al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. También se mencionan a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); la exconsejera Sandra Ortiz; y nueve congresistas.
Particularmente, dos de estos congresistas, Iván Name y Andrés Calle, expresidentes en el Senado y Cámara, respectivamente, enfrentan pruebas sólidas que los vinculan directamente con el caso. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recopiló pruebas significativas que los colocan en una posición jurídica comprometida, de acuerdo con la información que obtuvo el medio citado.
Además, se menciona a otros congresistas implicados: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Wadith Alberto Manzu.
Desde que estalló el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd, son pocas las pruebas documentales que reposan en el expediente, pero las más sustanciales hasta el momento son los contratos de los carrotanques que salieron a la luz, lo que reveló no solo sobrecostos, también la posible falta de experiencia de la empresa a la que se le adjudicó el lucrativo contrato, que se encargaría de llevar agua potable a La Guajira.
El primer documento, ahora en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, describe minuciosamente las pruebas y declaraciones proporcionadas por Pinilla. Destaca la implicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que, según el testimonio, ejerció presiones para asegurar la aprobación de contratos clave.
Bonilla expidió la resolución 3202 del 11 de diciembre, que estipulaba que los recursos de la Ungrd solo podían ser utilizados con la aprobación del director del Dapre y el ministro de Hacienda, según Semana.
Nuevos protagonistas en el escenario judicial
Un nombre que emerge con fuerza en esta segunda fase es el de Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la Ungrd. Según la Fiscalía y de acuerdo con el medio en mención, el exfuncionario fue designado por Olmedo López para gestionar todos los temas relacionados con La Guajira, en un rol asignado por César Augusto Manrique, jefe del Departamento de la Función Pública.
La investigación revela que Barreto estuvo directamente involucrado en procesos irregulares, como la adjudicación de contratos a través de prácticas corruptas.
El informe también menciona a otros implicados, como Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la presidencia y el Congreso, y María Alejandra Benavides, asistente del ministro Bonilla. Se detallan las comunicaciones telefónicas y otros datos que fortalecen las acusaciones.
El segundo documento, basado en la confesión de Olmedo López, proporciona un cuadro más completo de la trama corrupta dentro de la Ungrd. Este texto, entregado a la fiscal delegada María Cristina Patiño, detalla el rol de cada uno de los involucrados, resaltando la participación de Iván Leónidas Name, Andrés David Calle, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, y otros.
López describe reuniones clave, denominadas “cónclaves”, donde se decidió la entrega de contratos a congresistas a cambio de favores políticos. Estas revelaciones apuntan a una red de corrupción profundamente enraizada que involucraba la compra de votos en el Congreso para la aprobación de leyes y proyectos específicos, de acuerdo con la información que obtuvo la revista.
Por eso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó nuevas pruebas y convocará nuevamente a Sneyder Pinilla y Olmedo López para obtener más detalles. Los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que inicialmente fueron los más salpicados en el escándalo, se encuentran en una situación precaria, con pruebas que indican el desvío de fondos destinados a emergencias invernales para la compra de apoyos políticos.
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