Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra actualmente en medio de la polémica debido a su “incapacidad para controlar las protestas de los grupos estudiantiles”, según mencionó la oposición política tras los desmanes del 25 de julio.
A pesar del respaldo del Gobierno de Gustavo Petro, estos grupos continúan sus manifestaciones violentas. Múnera, que asumió el cargo con la esperanza de poner fin a las tensiones, ha enfrentado un creciente descontento tras sus políticas de acuerdos con los estudiantes, que han sido percibidas como insuficientes e ineficaces.
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Las acciones vandálicas y los enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional han agravado la situación, especialmente en la sede de Bogotá. Lejos de reducirse, las protestas han mantenido su intensidad, resultando en daños significativos a la infraestructura de la universidad, cuya reparación corre a cargo del Estado.
“Algunos estudiantes, profesores y funcionarios creen que Múnera ha perdido el control de la institución, permitiendo que los disturbios continúen debido a su incapacidad para cumplir con las demandas de los manifestantes”, reporta Semana citando fuentes anónimas.
Los conflictos recientes han revelado el grado de deterioro de la universidad. En las sedes de Bogotá y Manizales, los estudiantes han cubierto las paredes y ascensores con grafitis, e incluso se reportan posibles robos. Las instalaciones principales han visto la vandalización de cajeros automáticos de Bancolombia y Davivienda, según documentos y fotografías obtenidas por Semana.
Según el medio mencionado, estos actos vandálicos incluyeron el uso de pintura blanca y “lo que testigos afirman son heces en las máquinas”.
El incumplimiento de los amplios acuerdos a los que llegó Múnera con los estudiantes ha sido una de las principales causas de los conflictos. En Bogotá, por ejemplo, la creación de un museo itinerante de “memoria histórica de la comunidad universitaria” no ha avanzado. Este proyecto, que buscaba ofrecer reparación y garantías de no repetición, ha encontrado numerosas dificultades.
Este patrón de concesiones que no se traducen en resultados concretos ha generado un ciclo de más demandas y protestas. Según Semana, el modelo de gestión aplicado por Múnera ha sido criticado por generar expectativas de resolución rápida que no se materializan. La incapacidad de identificar y responsabilizar a los responsables de los actos vandálicos ha minado aún más la confianza en su liderazgo.
Las frustraciones en la comunidad universitaria son evidentes. Profesores y estudiantes que inicialmente apoyaron a Múnera por sus promesas de diálogo ahora lo perciben como una figura debilitada, incapaz de imponer orden o cumplir acuerdos. La revelación de que la universidad decidió no revelar la identidad de los vándalos solo añade a la controversia.
La falta de recursos, la inestabilidad política y las demandas estudiantiles son desafíos que requieren un fuerte liderazgo y soluciones innovadoras. Aunque la intención de Múnera era reconciliar y dialogar con la comunidad universitaria, su enfoque parece fallar en alcanzar un equilibrio efectivo.
Los informes compartidos por el medio mencionado también subrayan las desventajas de los acuerdos alcanzados por Múnera. Los elementos de estos acuerdos suelen ser “vagos y difíciles de implementar”, generando frustraciones tanto entre los estudiantes como entre el personal académico.
Desde el punto de vista de los estudiantes, las buenas intenciones de Múnera parecen gestos vacíos ante la falta de un plan claro y recursos adecuados, según testimonios anónimos. Esto perpetúa la percepción de que la universidad está atrapada en un círculo vicioso de promesas no cumplidas y protestas continuas.
Los recientes enfrentamientos con la Policía Nacional frente a la sede de Bogotá subrayan la gravedad de la situación. Con cada nueva ola de protestas, la universidad sufre no solo en términos económicos, sino también en su capacidad de ser un espacio seguro y educativo. La reparación de los daños recaerá nuevamente en el Estado.
El contexto político también influye en la situación. El Gobierno de Gustavo Petro, que inicialmente apoyó a Múnera, ahora debe decidir si intervenir para restaurar la calma o permitir que la universidad gestione sus propios problemas.
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