El ministro de Educación, Daniel Rojas, deberá presentar un informe extenso a la Procuraduría General de la Nación sobre el caso reciente de la médica Catalina Gutiérrez, que se suicidó presuntamente debido a situaciones de violencia y maltrato durante su residencia en el Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana.
La Procuraduría solicitó al ministro detalles sobre las condiciones de calidad de los programas de salud y los resultados de la inspección anunciada por el Ministerio para verificar estas condiciones. El informe debe incluir tanto los hallazgos de esta visita como las acciones correctivas acordadas con las autoridades académicas y administrativas. También se requiere información sobre cualquier inspección similar realizada en los últimos tres años.
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Además, el ministro Rojas deberá proporcionar datos específicos sobre las quejas recibidas relacionadas con maltrato, acoso, jornadas laborales y condiciones de seguridad y bienestar en los programas de residencias médicas, tanto en la Universidad Javeriana como en otras instituciones de educación superior.
La Procuraduría solicitó que se tomen medidas efectivas para gestionar un ambiente más seguro y saludable para los residentes de programas de salud.
El requerimiento incluye también cifras de estudiantes que han abandonado estos programas, y las razones documentadas para estas decisiones, con el fin de abordar y mejorar las condiciones actuales en las residencias médicas.
Instituciones se han pronunciado ante el caso de los médicos en Colombia
La muerte de Catalina Gutiérrez Zuluaga, estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha generado un debate significativo sobre la salud mental de los estudiantes de posgrado en el área de salud. Gutiérrez, quien realizaba su residencia en cirugía, falleció el 19 de julio de 2024, y se divulgó una carta que habría escrito antes de su muerte, agradeciendo a sus colegas y animándolos a seguir adelante.
En respuesta, el Colegio Médico Colombiano ha convocado a una jornada de solidaridad y denuncia contra el maltrato en la formación médica, con una vigilia programada para el 22 de julio en la plazoleta principal de la universidad. La Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir) también ha solicitado una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte de Gutiérrez, enfatizando la urgencia de abordar las condiciones laborales y el bienestar mental de los residentes.
Diversas organizaciones, incluida la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), lamentaron la pérdida y subrayaron la necesidad de reformar el entorno educativo y laboral en las residencias médicas. Ascofame resaltó que la salud mental de los estudiantes debe ser una prioridad inaplazable.
La Fundación Médicos Amigos ha revelado datos preocupantes sobre la salud mental de los médicos en formación, indicando que la jerarquía rígida y las prácticas arcaicas en los programas de residencia están contribuyendo a un ambiente de depresión, acoso y abuso laboral. La fundación indicó que estos problemas están llevando a consecuencias graves como el suicidio, y se han pedido reformas urgentes para transformar las residencias en entornos de apoyo y respeto.
Las estadísticas demuestran que los médicos tienen una tasa de suicidio más alta que la población general, y los residentes no están exentos.
Más casos de estudiantes de medicina que serían acosados
Una cuenta en Instagram, llamada Don Anestesiólogo, recopiló varias denuncias de otros residentes, algunas revelando tratos humillantes y conductas inapropiadas por parte de profesores. Entre las declaraciones, una médica denunciante había sido mandada por un profesor a buscar trabajo como vendedor ambulante. Otra denuncia habla de un profesor que inspeccionó la ropa interior de una residente en medio de un turno.
En la misma línea, se reportaron casos de maltrato misógino y acoso sexual en diversas residencias médicas. Una residente relató cómo fue obligada a poner una sonda vesical a un paciente con el fin de “aprender” a manejar situaciones íntimas. Asimismo, algunas estudiantes embarazadas y madres afirmaron haber sido objeto de discriminación y castigo físico, como mantenerse de pie durante horas por su condición.
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