El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, es el protagonista de una de nueva polémica en medio de los múltiples escándalos que se han registrado en el Gobierno de Gustavo Petro. Al parecer, el funcionario, que fue elegido en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, estaría inmerso en un caso de corrupción que apunta directamente contra él.
Y es que Galvis, que afronta una demanda por presuntamente haber incurrido en el delito de doble militancia, habría delegado su defensa a un contratista de su propia administración, al que, supuestamente, estaría pagando sus honorarios con recursos del Estado.
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Se trata de Ricardo Andrés Jaramillo Lozano, que ejerce como contratista de la secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío desde el 11 de enero de 2024.
La denuncia la dio a conocer el abogado Jesús Antonio Obando Roa, que interpuso la demanda contra Galvis y que explicó además que el contrato que goza Jaramillo Lozano por la defensa del gobernador quindiano es por prestación de servicios profesionales #179 de 2024, así como tiene plazo de ejecución de 120 días calendario.
El demandante suscribió documento de recusación contra el gobernador Galvis, pidiéndole de manera inmediata que el abogado y contratista Jaramillo Lozano sea sustituido o revocado. Esto por “no declararse impedido como era su deber legal para asumir la defensa ante el Consejo de Estado de la demanda de nulidad electoral que existe en contra del señor Gobernador, incurriéndose así en las causales de recusación señalas en los numerales 4 y 5 del Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 que conllevó a un conflicto de interés”.
Según explicaron en El Quindiano, el abogado Obando pidió a Jaramillo Lozano renunciar a su cargo como abogado, cargo que, recalcó, funciona para “la defensa de la acción de nulidad electoral que existe contra el señor Gobernador del Quindío del cual es conocedor ampliamente”.
El demandante fue claro en que los dos involucrados en el caso están inmersos en conflicto de interés, parámetro establecido en el Artículo 11 en sus numerales 4 y 5 de la Ley 1437 de 2011.
“Solicito con el debido respeto, se sirvan oficiar, enviando la presente recusación y del conflicto de interés en que incurrieron el Gobernador Juan Miguel Galvis y su contratista y apoderado a la vez, Dr. Ricardo Andrés Jaramillo Lozano, ante el Honorable Consejo de Estado – Sección Quinta – donde se tramita el proceso de nulidad electoral – radicado: 11001-03-28-000-2024- 00040-00, Magistrado Ponente Dr. Luis Alberto Álvarez Parra”.
La medida tendría el propósito de “evitar la contaminación del proceso y no continuar quebrantando los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad”.
Por tal motivo, Obando aseguró que Galvis y Jaramillo dispusieron de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Quindío “al servicio de una acción electoral contra la elección Gobernador del Quindío”.
Es válido resaltar que el demandante aportó en su escrito de recusación el contrato 179 del 11 de enero de 2024, el cual cobija a Jaramillo Lozano, así como el poder que dispuso el gobernador al contratista para que ejerciera como su abogado en el caso.
Además, es importante añadir que Juan Miguel Galvis llegó a la Gobernación del Quindío estando cobijado por Creemos, movimiento político liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Galvis fue alcalde de Salento, Quindío y fue funcionario de la Gobernación pasada, en la que ejerció en la Secretaria de Aguas e infraestructura, entidad en la que habría protagonizado actos de corrupción y por la que fue denunciado ante la Fiscalía, así como la Contraloría.
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