ONU tomó “unánime” decisión luego de propuesta de Petro para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz

El miércoles 10 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, participó en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación, en relación con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, en La Habana (Cuba), en 2016.

Pese a que la intervención del primer mandatario ante el organismo internacional generó una fuerte polémica en Colombia, miembros del Consejo de Seguridad reiteraron el “unánime” apoyo en acelerar la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“El Consejo acogió con satisfacción el compromiso del Presidente Petro con el Acuerdo de Paz de 2016 y destacó la importancia de un esfuerzo coordinado para acelerar su implementación liderado por el Gobierno con una mayor cooperación de todos los actores y entidades estatales responsables”, expresó ONU a través de un comunicado.

El organismo afirmó que ve con ‘buenos ojos’ la propuesta del jefe de Estado colombiano de establecer un plan de acción rápido para acelerar el pleno cumplimiento del acuerdo, y “acogió con satisfacción la revitalización de los mecanismos de coordinación de la paz, incluida la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y el decreto que impulsa el ‘Gabinete de Paz’”, complementó el comunicado, enfatizando en que esta comisión coordinará las funciones y responsabilidades requeridas para acelerar el proceso.

“El Consejo acogió con satisfacción el compromiso del Gobierno de llevar la paz a los territorios afectados por conflicto. Destacaron la importancia de seguir prestando atención a la implementación de las disposiciones de reforma rural del Acuerdo de Paz, que son claves para abordar cuestiones estructurales en el centro del conflicto”, anotó la ONU. Además, instó al Gobierno a intensificar la presencia del Estado en las zonas rurales marginadas.

El organismo internacional reiteró su preocupación por el desplazamiento de firmantes de paz de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), en Miravalle (Caquetá), así como la creciente ola de violencia que afecta a excombatientes, y líderes sociales e indígenas, por lo que acogen “con satisfacción la aprobación en este contexto de los planes estratégicos de seguridad y protección para los ex miembros de las Farc-EP y esperan que traigan consigo resultados tangibles”, añadió.

Asimismo, el Consejo expresó su inquietud por el aumento de violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes, especialmente el reclutamiento por grupos armados; además, la violencia sexual que desproporcionadamente a menores de edad indígenas y afrocolombianos. También criticó el impacto de la violencia sexual en mujeres y niñas de estas comunidades, razones por las que pidieron mayores esfuerzos del Gobierno y entidades estatales para mejorar la implementación del capítulo Étnico y completar el 60% de su cumplimiento para 2026.

“El Consejo enfatizó el papel fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del proceso de paz, reconoció su trabajo hasta la fecha y espera con interés que se emitan sus primeras sanciones restaurativas”, puntualizaron miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cabe mencionar que, una de las opciones que planteó el presidente Gustavo Petro para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, es que se realice un fast track, procedimiento que reduciría los debates en el Congreso para aprobar leyes o normas relacionadas con la paz: “Nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo el mandatario colombiano.

En su intervención, Petro aseguró que no hay recursos para la implementación de los Acuerdos, e insistió en la posibilidad de cambiar deuda por acción climática; o eliminar la calificación de riesgo del país para invertir esos recursos en financiar el Acuerdo de Paz.