Corte Constitucional ordena plan para mejorar condiciones alimentarias en la cárcel El Pedregal de Medellín

La Corte Constitucional ha dictado una medida para proteger los derechos de 578 mujeres encarceladas en El Pedregal, Medellín, de acuerdo con una publicación del medio de comunicación regional El Colombiano.

La decisión responde a una tutela de las reclusas, que denunciaban violaciones a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación por la mala calidad, cantidad e higiene de los alimentos.

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La Sala Quinta de Revisión determinó que el Ministerio de Justicia, Uspec, Inpec y la Dirección del Coped fallaron en garantizar estos derechos. El tribunal subrayó que “la privación de la libertad no debe anular los derechos fundamentales y humanos”.

Se descubrió que solo uno de los tres ranchos de alimentos funcionaba, y con severas deficiencias. El rancho de Media Seguridad fue clausurado por la Secretaría de Salud hace más de un año y no ha sido rehabilitado. El rancho de Alta Seguridad, que abastece a todas las internas, enfrenta problemas de infraestructura, ventilación y sanidad, incluyendo insectos.

La Corte también identificó problemas en los contratos de suministro de alimentos gestionados por la Uspec, que no han mejorado la calidad, cantidad y horarios de entrega.

En respuesta, la Sala ordenó a Uspec e Inpec, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, diseñar y ejecutar un plan en seis meses para mejorar la infraestructura de los ranchos, resolviendo los problemas y cumpliendo con las normas de la Secretaría de Salud y los estándares de Uspec.

Además, Uspec y el contratista Unión Temporal Alimentación Integral deben adoptar medidas para asegurar una correcta prestación del servicio de alimentación, cumpliendo con los requisitos de cantidad, calidad, menú y horario de entrega.

Mujeres en Medellín detenidas en estaciones de Policía fueron trasladadas a El Pedregal

En medio de la búsqueda de soluciones para la crisis carcelaria en Medellín por parte del alcalde Federico Gutiérrez, se han implementado medidas inmediatas en la ciudad, según pudo conocer la emisora colombiana Blu Radio.

Actualmente, las estaciones de Policía de Medellín enfrentan un grave hacinamiento, con capacidad para 643 personas, pero albergando casi 2.000. Para aliviar esta situación, el 50% de las mujeres detenidas en estas estaciones serán trasladadas a la cárcel de El Pedregal, la cual no presenta hacinamiento.

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Pablo Yamid Ramírez Peña, director de la cárcel de El Pedregal, destacó la importancia de atender prontamente a estas mujeres, asegurando que el centro penitenciario está preparado para recibirlas y brindarles una atención adecuada.

“Va a recibir al 50% de las femeninas que hoy están en las estaciones de Policía para poderle brindar a esta población femenina con orden judicial una atención inmediata oportuna en el establecimiento de reclusión, con acceso a los servicios obviamente de oportunidad y calidad en alimentación”, indicó Ramírez, citado por Blu Radio.

Además, la Alcaldía de Medellín y la Personería Distrital están organizando brigadas de consultorías jurídicas intensivas durante junio, para definir la situación de los reclusos. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, subrayó la importancia de resolver la situación de quienes ya han cumplido su pena y pueden continuar su condena bajo arresto domiciliario.

“Vamos a avanzar en la situación jurídica y psicosocial de manera intensa, vamos a atender toda la situación de aquellas personas que ya han cumplido pena y que se hace necesario ir avanzando para lograr quemarme el hacinamiento”, manifestó Arcila.

Durante dos semanas, 30 profesionales llevarán a cabo estas brigadas en los centros penitenciarios, que actualmente tienen un hacinamiento del 38% en los pabellones masculinos. Estas medidas buscan no solo aliviar la sobrepoblación en las estaciones de Policía, sino también mejorar las condiciones de reclusión y garantizar una atención adecuada a los detenidos.

Mientras tanto, el alcalde Federico Gutiérrez continúa sus gestiones ante la Corte Suprema en busca de soluciones más amplias y duraderas para la crisis carcelaria que enfrenta Medellín.