
La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió ordenar una medida de aseguramiento inmediata contra el excongresista Álvaro Alfonso García Romero, condenado a 40 años de cárcel por conspirar con paramilitares en la masacre de Macayepo, Carmen de Bolívar, ejecutada el 14 de octubre de 2000.
Esta decisión, que anuló la libertad condicional otorgada por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, recibió comentarios del presidente Gustavo Petro, durante un discurso en la plaza de Bolívar. En su intervención, el jefe de Estado afirmó que el fallo de la Corte Suprema ha rechazado la libertad de un “asesino”.
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El presidente subrayó que García Romero había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder: “Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”, dijo Petro.

El mandatario también se refirió a un deseo personal respecto de García Romero: “Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”, expresó con firmeza.
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Finalmente, destacó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje claro contra la impunidad y la violencia política en el país. Según Petro, la Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. “Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, puntualizó.
Además de emitir la boleta de detención contra el exsenador Álvaro García Romero en el proceso judicial en su contra, la Corte Suprema de Justicia pidió al Inpec que el excongresista siga privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
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La participación de García Romero en la masacre de Macayepo

En 2010, el entonces senador fue condenado por coordinar la masacre de Macayepo, que resultó en la muerte de 15 campesinos. Este evento, perpetrado por el grupo paramilitar Héroes Montes de María liderado por Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, dejó marcada la historia del país.
García Romero fue identificado como el financiador del grupo paramilitar. La evidencia clave fue una grabación publicada por Semana, en la que se escucha a García Romero y al prestamista Joaquín García discutiendo cómo conseguir apoyo del Gobernador de Sucre para movilizar un grupo armado en El Aguacate y Pajonalito. Dicho movimiento se concretó con la masacre en Macayepo, apenas diez días después.
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El fallo condenatorio contra García Romero señala: “El procesado fue uno de los gestores en la consolidación de los grupos armados ilegales en su departamento”. La sentencia señala además que García Romero no solo brindó apoyo constante al grupo paramilitar, sino que lo hizo en su calidad de senador, “gestiones que por supuesto obedecieron a intereses mutuos, entre otros, asegurar su poder político”.
Y agregó: “Tal compromiso lo vincula hoy como autor mediato de los homicidios ocurridos en Macayepo, hechos lamentables, reprochables a cualquier ciudadano, pero, aún más, al señor García Romero quien era representante del pueblo, gestor de leyes que debía impulsar desde el Congreso para la protección de sus coterráneos y del país, se reprocha hoy, que su actuar fue contrario a todo mandato legal. De manera consciente y voluntaria puso al servicio de las autodefensas su poder político, cuando le era exigible brindarlo a los ciudadanos de bien”.
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Además, la Corte Suprema de Justicia lleva otra investigación contra García Romero por desplazamiento forzado en Sucre. Según la acusación, la masacre perpetrada en la región de los Montes de María resultó en el desplazamiento de aproximadamente 4.000 personas.
“Como consecuencia de la incursión paramilitar que creó un ambiente de angustia y zozobra colectivas consolidado con ocasión de los enfrentamientos entre paramilitares e insurgentes de las Farc y el ELN, que dejó como resultado varios homicidios y la incineración de viviendas en la zona”, precisó la Corte tras dictar medida de aseguramiento contra el excongresista.
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