Procuraduría inhabilitó al exalcalde William Dau por llamar “ratas” a directivos de la Universidad de Cartagena

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la sanción de suspensión e inhabilidad de cuatro meses impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau (2020 – 2023), por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena, con ocasión del proceso de selección que se realizaba en 2020 para elegir al contralor distrital de la ciudad.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció en fallo de segunda instancia que Dau faltó a su deber al tratar con irrespeto a los dirigentes universitarios.

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Los hechos se remontan cuando el entonces alcalde de Cartagena, en declaraciones a medios de comunicación, dijo que era una institución “plagada de corrupción” y que “siempre ha sido un nido de ratas”. Posteriormente, en su cuenta personal de la red social Facebook publicó un video en el que los llamó “malandrines”.

Para el Ministerio Público, en el desarrollo del proceso disciplinario se evidenció que Dau Chamat, “en su calidad de burgomaestre realizó declaraciones públicas sin observar el decoro y ética conductual que caracteriza su autoridad como alcalde distrital y con ellas afectó la dignidad humana de los destinatarios de las ofensas”, por lo que vulneró el principio de la moralidad, según la Procuraduría.

Por lo sucedido, el órgano de control calificó la conducta cometida por el exfuncionario como una falta grave a título de dolo. Por tal razón, al no estar en el ejercicio del cargo, la sanción impuesta se convierte a salarios devengados al momento de cometer la falta, que en su caso es un poco más de 49 millones de pesos.

La Procuraduría precisó que la sanción impuesta queda en firme a partir de su notificación, toda vez que Dau Chamat no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo de elección popular.

Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X rechazó la decisión de la Procuraduría General de la Nación sobre el exalcalde de Cartagena William Dau. De acuerdo con el jefe de Estado las medidas tomadas por el órgano de control son un “abuso de poder”.

“Esto sigue siendo un abuso de poder. Después de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”, afirmó el mandatario.

El presidente Petro aseguró que la defensa del Estado también debe defender a los ciudadanos ante los abusos de la autoridad.

“La agencia de defensa del Estado, debe buscar la defensa también de la ciudadanía contra abusos se autoridad ante el contencioso administrativo”, aseveró el jefe de Estado.

Por tal razón, el presidente Petro le solicitó a los ciudadanos sancionados a colocar una demanda contra los “abusos de poder”.

“Invito a los ciudadanos sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder propios de una dictadura”, manifestó el presidente Petro.

El mandatario finalizó su publicación indicando que “Colombia debe ser profundamente democrática y la justicia se debe respetar”.

Otras decisiones de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación informó que formuló cargos al intendente, Walter Javier Martínez Melo, en su condición de comandante de Auxiliares de Policía de Soacha, por presunto acoso con fines sexuales hacia dos de sus subalternas.

Según el órgano de control, el investigado además de comentarios inapropiados, habría pretendido que las víctimas sostuvieran relaciones sexuales con él a cambio de asignarlas en determinados lugares de facción, darles beneficios, permisos, salidas o evitar informes y anotaciones negativas en su hoja de vida.

El entonces comandante de auxiliares de Policía del Distrito Especial de Soacha también es investigado por posible acceso carnal vía oral a las dos auxiliares de esa institución, mediante violencia.

Para el ministerio público es claro que el intendente tenía el deber legal de “respetar la dignidad y libertad sexual de las femeninas como garante de los derechos y libertades públicas para prevenir o evitar la violencia, el maltrato y cualquier tipo de situación que vulnerara sus derechos”.