El general retirado del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto fue presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 5 de julio de 2024.
Al exdirector del Hospital Militar Central se le imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
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El 9 de mayo de 2010, la jefe de talento humano del Hospital Militar Central recibió la minuta del contrato de prestación de servicios número 038, destinado a ser suscrito con la señora Riveros Gaitán. A pesar de que Riveros Gaitán se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, Gómez Nieto emitió la orden para formalizar y aprobar dicho contrato, según informes de medios de noticias.
Gómez Nieto justificó su decisión basándose en la completa confianza que tenía en Riveros Gaitán y su papel dentro del equipo de trabajo de la administración del hospital.
Esta acción involucró la omisión del proceso de revisión de la hoja de vida y los soportes que acreditaban los requisitos, por parte de los funcionarios que participaron en el trámite contractual.
Esta situación generó preocupaciones sobre la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y la supervisión jerárquica en el Hospital Militar Central. Además, el respaldo de Gómez Nieto a Riveros Gaitán ha sido criticado por la ausencia de un control adecuado en la aprobación del contrato, ignorando las inhabilidades existentes de la contratista.
El caso subraya la importancia del cumplimiento riguroso de las normativas en las instancias de contratación pública y la responsabilidad de los funcionarios en ejercer controles para evitar irregularidades en los procesos administrativos.
“... Lo que permite inferir que el director general del Hospital Militar no solamente ostentó el control y orientó a los servidores públicos que intervinieron en el trámite de aprobación y suscripción del proceso contractual, sino que autorizó el contrato a pesar de la inhabilidad existente”, afirmó el juez del caso.
Gómez Nieto, quien dirigió el hospital entre 2010 y 2013, habría solicitado la contratación de una mujer mediante la Dirección de Talento Humano del centro asistencial, a pesar de tener conocimiento de una condena judicial vigente en su contra que le impedía establecer contratos con el Estado.
El general retirado, en un intento por regularizar la situación, solicitó un concepto a la Procuraduría General de la Nación para permitir la posesión de la contratada. No obstante, esta solicitud fue considerada irregular, ya que la Procuraduría no era la dependencia encargada de emitir dicho concepto. Finalmente, se formalizó el contrato de prestación de servicios el 19 de mayo de 2010, bajo el número 038, con un valor de 42 millones de pesos.
Controversia por convenio que permite atención a excombatientes de las Farc en el Hospital Militar
El Convenio No. 056 de 2024, que permite la atención y rehabilitación de excombatientes de las Farc en el Hospital Militar de Bogotá, ha generado controversias. Los veteranos de la fuerza pública consideran que esta medida es una falta de respeto hacia su institución.
Este acuerdo, que es parte de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 firmados en La Habana, involucra al Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio Fondo Colombia en Paz. El objetivo es cumplir con el Conpes 3931 de 2018, que establece políticas para la reincorporación social y económica de los excombatientes.
Fuentes de Infobae Colombia aseguraron que los excombatientes desmovilizados, especialmente aquellos con amputaciones, serán atendidos en el Hospital Militar, pero sin utilizar recursos del gobierno o del hospital, sino del fondo para la paz. A pesar de estas aclaraciones, miembros de la reserva activa de la fuerza pública se manifestaron el 20 de junio frente al Ministerio de Defensa, rechazando el convenio.
El coronel de la reserva activa, Julio César Rivera, expresó a Semana que la atención de exguerrilleros en el Hospital Militar es una cuestión de dignidad y respeto hacia quienes han servido al país. Además, los manifestantes exigieron la cancelación del decreto y criticaron los beneficios otorgados a los excombatientes tras la firma de la paz.
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