La Policía Nacional de España expulsó a un total de 22 ciudadanos colombianos y peruanos debido a sus actividades delictivas, principalmente en Cataluña.
Los expulsados, con numerosos antecedentes judiciales por delitos graves como hurtos, robos con violencia e intimidación, agresiones sexuales y tráfico de drogas, fueron trasladados desde la Zona Franca de Barcelona hasta el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde fueron entregados a la Unidad Central de Repatriaciones (UCR).
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El 3 de julio la Policía Nacional informó que tras un exhaustivo proceso judicial, los individuos fueron deportados a sus países de origen. Uno de los ciudadanos expulsados se encontraba cumpliendo una pena de prisión. Al haber cumplido más de dos tercios de su condena, se le otorgó la opción de conmutar su pena de prisión restante por la expulsión a su país de origen. Esta medida permitió su repatriación antes de finalizar completamente su sentencia en España.
El operativo de repatriación, que involucró a 45 efectivos y 15 vehículos policiales, contó con la participación de las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona y Girona, así como comisarías locales de Cornellà de Llobregat, Manresa y Lloret de Mar. La ejecución de estas expulsiones requirió una amplia coordinación entre las autoridades policiales y judiciales, así como una estrecha colaboración con los consulados de Colombia y Perú.
Las órdenes judiciales necesarias y los decretos de expulsión fueron emitidos por la Subdelegación del Gobierno por infracción a la Ley de Extranjería.
Qué pasará con los colombianos
Al llegar a Colombia, los ciudadanos expulsados de España enfrentarán diversas medidas por parte de las autoridades locales. La Migración Colombia es la entidad encargada de recibir a los repatriados y, según los procedimientos establecidos, podría tomar varias acciones.
En primer lugar, a su llegada, los individuos serán registrados por Migración Colombia. Se les tomará declaración sobre su situación y se les solicitarán sus documentos de identificación. Este procedimiento es fundamental para actualizar la base de datos migratoria y asegurar que todos los repatriados sean correctamente identificados.
Las autoridades colombianas procederán a verificar los antecedentes penales de los repatriados. Si alguno de ellos tiene procesos judiciales pendientes en Colombia, podría ser detenido de inmediato para enfrentar dichos cargos. Esta verificación es esencial para garantizar que aquellos con deudas pendientes con la justicia colombiana cumplan con sus responsabilidades legales.
Dependiendo de la gravedad de sus antecedentes y de los delitos cometidos en España, los expulsados podrían ser sometidos a medidas de seguridad adicionales, como vigilancia o restricciones de movilidad. Estas medidas buscan prevenir que los individuos reincidan en actividades delictivas y asegurar la seguridad de la comunidad.
En algunos casos, las autoridades podrían coordinar programas de reintegración social para ayudar a los repatriados a reincorporarse a la sociedad colombiana. Finalmente, se les permitirá contactar a sus familiares en Colombia para informarles sobre su situación y coordinar su reintegración.
Qué pasa si un extranjero es el que comete el delito en Colombia
En Colombia, cuando un extranjero comete un delito, se aplica el mismo procedimiento judicial y legal que para cualquier ciudadano colombiano, de acuerdo con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Si un extranjero es arrestado por cometer un delito en Colombia, será llevado ante un juez de control de garantías para la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Dependiendo de la gravedad del delito y del riesgo de fuga, el juez decidirá si otorga prisión preventiva o libertad bajo medidas cautelares mientras se adelanta el proceso judicial.
El extranjero tendrá derecho a un abogado y a estar asistido por un intérprete si no habla español. Además, deberá ser informado de su derecho a comunicarse con su consulado. En caso de condena, el extranjero cumplirá la pena impuesta por el juez colombiano en centros penitenciarios del país.
En situaciones especiales, y dependiendo de los tratados internacionales y acuerdos bilaterales que Colombia tenga con el país de origen del extranjero, podría existir la posibilidad de que el condenado sea transferido para cumplir su condena en su país de origen, previo acuerdo entre ambos gobiernos.
Asimismo, tras cumplir la pena, el extranjero podría ser expulsado del país y recibir una prohibición de reingreso a Colombia por un periodo determinado, de acuerdo con las normativas de migración y extranjería. En estos casos, se coordina con Migración Colombia para ejecutar las órdenes de expulsión.
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