Millonario riesgo en viviendas de interes social rural: Ministerio de Agricultura está bajo la lupa de las autoridades

La Contraloría General de la República alertó por los riesgos técnicos y económicos que implica una resolución emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se trata de la Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023, que pretende financiar viviendas de interés social rural y que, en caso de materializarse, “generarían una alta posibilidad de afectación al erario”, además de una posible vulneración a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.

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La Contraloría indicó que la resolución destina subsidios que ya fueron otorgados a algunos beneficiarios reconocidos por el Estado y a otros beneficiarios del ‘Programa de Vivienda de Interés Social Rural’. En ese sentido, la entidad señaló que, de persistir en la implementación de dicha norma, firmada por la saliente ministra Jhennifer Mojica, se vulnerarían de derechos fundamentales de los beneficiarios del ‘Programa de Vivienda de Interés Social Rural’, a lo que se suma la posible ocurrencia de un detrimento patrimonial.

Lo anterior provocaría una ralentización de dicho programa a nivel nacional: “Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio, que solo consideró cinco gerencias integrales del ‘Programa de Vivienda de Interés Social Rural’”, consideró la Contraloría.

Sobre el riesgo de posible daño patrimonial, la entidad determinó que la resolución del Ministerio de Agricultura establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las cinco gerencias integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones.

Además, el ente de control considera que “se presenta vulneración de la función administrativa, al expedir un acto administrativo sin el previo respaldo presupuestal y determinar la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica, en contravía del marco normativo presupuestal”.

Por otra parte, se configura un riesgo jurídico porque la resolución del Ministerio de Agricultura excede lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, toda vez que este considera unas fuentes de financiación que, al corresponder a recursos con destinación específica, en ningún momento señala que se conforme unidad de caja como lo pretende la resolución en cuestión, excediendo sus competencias.

Según la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, también existe un riesgo financiero por lo dispuesto en la Resolución 490 de 2023 que determina realizar desembolsos por un valor total de $54.652 millones por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario, “desconociendo las condiciones pactadas en los contratos de gerencia integral y los requisitos establecidos en el manual operativo del programa para poder realizar los pagos a los contratistas”.

La Contraloría señaló que apenas está en curso el trámite de aprobación de aproximadamente $10 mil millones vía Presupuesto General de la Nación, lo cual sería insuficiente para garantizar lo pactado en la resolución.

Resultados del control fiscal al programa de vivienda

La Contraloría Delegada del Sector Agropecuario señaló que, desde el segundo semestre de 2021, ha evaluado el ‘Programa de Vivienda de Interés Social Rural’, encontrando un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 a 2019, que corresponden a beneficiarios a los que no se les ha construido o entregado su vivienda.

La entidad precisó que, aunque algunos demolieron sus casas de baraque, esperanzados en la vivienda que recibirían por parte del Estado, actualmente se encuentran viviendo en condiciones precarias.

Algunos hallazgos con presunto alcance fiscal establecidos en las auditorías realizadas por la entidad, revelan que la causa de estos problemas se origina en la pérdida de recursos por apropiación de los desembolsos por parte de los operadores del programa (gerencias integrales), y también por casos donde los contratistas de obra no terminan de hacer entrega de una vivienda digna para quienes lo necesitan.