Escándalo en la rama judicial: jueza y fiscal habrían ‘arreglado’ proceso por WhatsApp, a escondidas de la defensa

El juez 26 de Conocimiento de Bogotá resolvió aceptar la recusación de la jueza Laura Barrera del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá, luego de encontrar lo que serían indicios de comunicaciones clandestinas entre su despacho y la fiscal anticorrupción Deyanira Quevedo. El proceso se llevó a cabo a medida que se detectaron irregularidades en un caso relacionado con la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

De acuerdo con lo que reveló Caracol Radio, la existencia de mensajes intercambiados fuera del ámbito judicial fue descubierto en abril de 2024. Las comunicaciones, que se efectuaron a través de correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, se habrían coordinado sin el conocimiento de la defensa; por lo que Christian Ramírez, abogado y docente universitario, fue quien notificó estas irregularidades.

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Barrera, cabe destacar, fue una de las juezas que negó la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se adelanta en su contra por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos y que lo tiene inmerso en un juicio histórico; pues nunca antes un ex jefe de Estado había sido llevado a los estrados judiciales.

“Resulta cuestionable el ocultamiento de las conversaciones privadas entre el despacho y la fiscal”, indicó sobre el particular el juez 26 del circuito, debido a que estas manifestaciones de opinión no fueron obtenidas, sino hasta el desacato de una acción de tutela iniciada con una petición del procesado. Quevedo, de acuerdo con la evidencia, aparece en los registros de los chats y correos electrónicos, que fueron confirmados por el juzgado de Barrera, por orden del Tribunal Superior de Bogotá.

“En el punto del contenido de las conversaciones, se identifica amplia comunicación con el contacto ‘Deya’, reconocido sin debate que se trata de la Fiscal Deyanira Quevedo”, agregó el juez sobre lo que sería el comportamiento de su colega.

El proceso en mención involucra a Carlos Enrique Robledo Solano, Luis Eduardo Echeverri Valencia y Ángela María Prada Corredor por presuntas irregularidades durante su gestión en la DNE. Los acusados, según el expediente, afrontan cargos por prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La defensa ha solicitado la nulidad del caso al argumentar que la jueza Barrera no revisó el expediente completo y omitió pruebas cruciales durante el juicio.

Jueza implicada en escándalo negó evidencia en su contra

Durante la audiencia, la jueza Barrera señaló que no tuvo contacto con la fiscal por fuera de los estrados judiciales y agregó que, si tal comunicación existió, se llevó a cabo a sus espaldas y por parte de funcionarios de su despacho. Sin embargo, los documentos revelados por el citado medio mostraron que ella, presuntamente, sí estaba al tanto de estos intercambios, lo que afectaría su imparcialidad en el caso.

Las investigaciones en contra de Barrera y la fiscal Quevedo fueron iniciadas tanto por la Fiscalía como por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. No obstante, lo detalló Caracol Radio, estas investigaciones no han registrado avances significativos, pues por ejemplo, en la comisión, el proceso estaría estancado debido a la carga laboral de la magistrada asignada.

Con la recusación aceptada, será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de definir el destino del caso. Hasta el momento, las acusaciones y el sentido de fallo condenatorio emitido por el Juzgado 41 han sido objeto de controversia, después de que se solicitaran a la Fiscalía piezas procesales extraviadas por el despacho judicial postsentencia, tal y como se reveló en la información que generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

Al respecto, es oportuno aclarar que la jueza Laura Barrera dejó en claro que no se apartará de manera voluntaria del caso, lo que significa que será el tribunal el encargado de definir si la ratifica o la aparta del proceso. En consecuencia, serán las decisiones tomadas por el Tribunal las que determinarán los próximos pasos en este complejo proceso judicial,