
Un magistrado de una alta corte de justicia de Colombia levantó una alerta sobre posibles interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.
El 14 de junio de 2024, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez comunicó a sus contactos a través de un mensaje de Whatsapp que tanto su teléfono como su chat habían sido intervenidos ilícitamente por, según él, órganos de inteligencia del Estado.
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“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, detalló Caracol Radio en su transmisión.
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Ibáñez afirmó en una entrevista con ese medio radial, el 26 de junio, que la corte está comprometida en aclarar si estas interceptaciones ocurrieron realmente y determinar las responsabilidades pertinentes. “El tribunal está comprometido en esclarecer los hechos y en determinar quiénes son los responsables”, afirmó Ibáñez en el programa 6AM Hoy por Hoy.

“No me considero víctima en ninguna circunstancia o hecho que puede haber ocurrido y sobre el cual solo me he limitado”, afirmó el magistrado pese a lo escandaloso de este caso, catalogado mediáticamente como antidemocrático.
El magistrado defendió con vehemencia la independencia judicial, resaltando que un juez debe actuar alejado de presiones y permaneciendo neutral en todas las situaciones. Destacó: “El juez constitucional no tiene un carácter político”, enfatizando que su función es exclusivamente judicial y que no debe entrar en controversias con otras partes.
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En relación con las medidas de seguridad adoptadas, Ibáñez aclaró que se mantienen las mismas condiciones de protección proporcionadas por el Estado desde que asumió el cargo. No existen dispositivos especiales de seguridad para los magistrados auxiliares, ya que el orden jurídico no lo establece.
Durante la conversación, se destacó la importancia del rol del juez constitucional en Colombia. Ibáñez explicó que su trabajo se basa en “garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución”, una tarea que considera esencial para el mantenimiento del Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
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La revelación de las intervenciones comunicativas ha causado preocupación entre los magistrados de la Corte Constitucional. La respuesta colectiva fue expresar una postura firme en apoyo a Ibáñez y respetar el procedimiento judicial en curso. Las comunicaciones entre los magistrados se manejan con la máxima transparencia y objetividad, alejadas de cualquier tipo de influencia indebida.
“Es que si hay una de las actuaciones regular una actuación ilegal o indebida es obligación de un servidor público ponerlo en conocimiento de la autoridad correspondiente, pero nosotros debemos estar alejados de ese tipo de presiones y le garantizo que todos lo estamos y obramos con una transparencia y una objetividad tal que oramos prácticamente como una familia al interior de una corporación judicial que tiene el cometido y la finalidad y la misión constitucional de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución”, afirmó Ibáñez.
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El magistrado subrayó que el proceso de toma de decisiones en la Corte Constitucional no es individual, sino colectivo, lo que asegura un consenso amplio y equilibrado en las resoluciones judiciales.
La Fiscalía General de la Nación ha sido informada formalmente sobre la situación por parte de la Corte Constitucional. Ibáñez enfatizó su respeto por las investigaciones en curso y su compromiso de no interferir en el proceso, recordando que la Fiscalía es la entidad encargada de llegar a las conclusiones pertinentes.

La entrevista también tocó el tema de la percepción y el impacto de tales actos en la independencia judicial. Ibáñez señaló que cualquier intento de presionar a los magistrados es ineficaz, dado que las decisiones de la Corte se adoptan de manera colegiada y pública. “El proceso constitucional es público,” reiteró Ibáñez, destacando la transparencia y accesibilidad de la información.
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El magistrado señaló que las actuaciones judiciales deben ser llevadas con total reserva, y cualquier irregularidad o acto ilícito detectado debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, lo cual él mismo ha cumplido rigurosamente.
Finalmente, Ibáñez manifestó su firme creencia en la independencia y objetividad del poder judicial en Colombia, y su compromiso con la protección del orden constitucional. Hizo un llamado a la ciudadanía para continuar apoyando las instituciones y confiar en los mecanismos judiciales que garantizan la justicia y la seguridad jurídica.
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