Estudiantes colombianos no tendrán que pagar por sus derechos de grado: esto dice el proyecto de ley que pasó a sanción presidencial

Fue anunciada en el Senado de la República la conciliación del Proyecto de Ley 172/23, que garantiza la gratuidad para la admisión y derechos de grado en universidades públicas para estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y discapacitados.

Si bien el proyecto es de un grupo de congresistas, ya recibió el aval del Ministerio de Educación, que considera que la propuesta va en consonancia con las políticas de gratuidad en la matrícula y facilidad de acceso a formación superior para las poblaciones más vulnerables del país.

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Esta ayuda para población de escasos recursos será financiada, tal se lee en uno de sus artículos, por el Presupuesto General de la Nacional, y su implementación será gradual.

La senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, fue una de las principales defensoras de la iniciativa. Afirmó que con este proyecto están “aliviando la carga financiera de los jóvenes que ya terminaron su carrera universitaria y que se ganaron su derecho a graduarse con esfuerzo y dedicación académica, pues con esta ley, ya no tendrán que pagar por ello”.

Actualmente, el promedio para adquirir los derechos de grado es de un millón de pesos.

Gobierno celebró logros en educación

El Ministerio de Educación informó que, a través de la “Política de Gratuidad”, el Gobierno Nacional asume el pago de la matrícula ordinaria neta de los estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación Nacional.

La cartera educativa mencionó una asignación presupuestal de 2,2 billones de pesos en 2024, destinada a que cerca de 800 mil personas accedan al programa ‘Puedo Estudiar’. Esto representa el 93% de la población estudiantil de pregrado en las IES públicas.

“La meta del Gobierno Nacional es aumentar la tasa de cobertura en educación superior del 53,83 % al 62 % para 2026. En estos 22 meses de Gobierno logramos aumentar 2 puntos porcentuales, llegando al 55 %”, afirmó la ministra de Educación Aurora Vergara.

En contraste, se hundió la reforma a la educación

La ley estatutaria de reforma a la educación, que se cayó en el Congreso de la República, dejó en veremos los cambios que el Gobierno quería hacer en ese sector. En el punto más álgido del debate, la presión de Fecode para que se cayera el proyecto fue fundamental, considerando que el gremio sindical de maestros exigía revisar todas las enmiendas del texto para lograr consensos y reiniciar el trámite.

Para el presidente Gustavo Petro, esta fue una derrota política y legislativa. Llegó a comparar la educación privada con las EPS, haciendo un paralelo con la reforma a la salud.

“Nada más necesario que garantizarle a todo el pueblo guajiro su derecho universal a la educación. Pero no. Quieren montar institutos de garaje como hicieron con decenas de EPS para sacar el dinero del Estado y echárselo al bolsillo”, escribió Petro en sus redes sociales.

Agregó que “toda forma de intermediación privada de dineros públicos, se ha demostrado, termina en inmensas corrupciones”, y criticó que los congresistas “querían hacer con la educación pública lo mismo que hicieron con la salud”.

El presidente también indicó que, de aprobarse los cambios propuestos por la oposición, se convertiría en “institutos privados de educación terciaria, seguro en manos de muchos politiqueros en las regiones (...) como si no hubiese universidades y un SENA para dar educación tecnológica y superior de calidad en los colegios públicos, como ordena nuestro programa de gobierno y como lo estamos haciendo ahora”.