La Procuraduría investigará a Olmedo López y a otros exdirectores de la Ungrd por otro escándalo de corrupción, esta vez en la reconstrucción de Mocoa: se gastaron más de $185 mil millones

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en contra de Olmedo López y Eduardo José González, quienes se desempeñaron como directores de la Unidad para la Gestión del Riesgo, debido a posibles irregularidades en la implementación de diversas obras destinadas a la reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

Estas obras cuentan con una inversión que supera los $185 mil millones, provenientes del sistema general de regalías.

De igual manera la entidad informó que entre los investigados están, exdirectores de la Ungrd, el secretario general de esa entidad y la vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora.

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También se encuentran involucrados otros funcionarios, entre ellos Gerardo Jaramillo, quien funge como secretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora.

Asimismo, están bajo escrutinio Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía, junto con Diego Fajardo, Jamirson Cuéllar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades encargadas de la supervisión de las obras.

Según el monitoreo efectuado por el Ministerio Público a un conjunto de 18 contratos, vinculados al Plan de Acción Específico propuesto por la alcaldía de Mocoa bajo un decreto de calamidad pública emitido en 2021, con el objetivo de agilizar las obras de mitigación del riesgo y prevenir una nueva catástrofe, se identificaron posibles retrasos en la ejecución de los proyectos contratados, así como irregularidades en la contratación del personal encargado de la supervisión y problemas en la gestión y uso de los recursos destinados para dichas obras.

En la fase de preinversión, se identificaron posibles deficiencias en los estudios, diseños y presupuestos de cuatro de los 18 proyectos. Además, en el transcurso de la ejecución de las obras, se encontraron supuestas irregularidades técnicas que no fueron tomadas en cuenta adecuadamente, lo cual podría haber comprometido la infraestructura ya existente. Asimismo, se detectaron construcciones en áreas ambientales sin contar con los permisos correspondientes, así como la realización de trámites ambientales de forma tardía o fuera de plazo.

Otra posible irregularidad que generó preocupación fue el uso de recursos destinados para 86 actividades que no estaban relacionadas con uno de los proyectos de construcción. Entre estas actividades se destacó un viaje a San Andrés y Providencia de ocho días, cuyo propósito fue supervisar las acciones tomadas en respuesta a la emergencia causada por el huracán Iota.

Además, se registró una presunta asesoría orientada a brindar apoyo en temas ambientales, que estaba vinculada a la reconstrucción de Mocoa, pero que no justificaba su pertinencia dentro del marco del proyecto específico que se estaba ejecutando.

Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría se incluyen copias de los 17 contratos de obra y de interventoría que fueron firmados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, pidieron los dos contratos relacionados con el viaje a San Andrés y la asesoría en cuestiones ambientales y de vivienda, junto con sus correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y todos los soportes que evidencien su ejecución.

Igualmente, la entidad solicitó una certificación actualizada que detalle el avance real de las diversas obras contratadas con el objetivo de reducir y mitigar los riesgos en la ciudad de Mocoa.

Este expediente en la UNGRD y contra Olmedo López se añade a las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en diversos municipios de La Guajira. Dichas irregularidades incluyen acusaciones de sobrecostos que han derivado en implicaciones penales. Estas acusaciones llevaron a López a buscar la posibilidad de negociar un principio de oportunidad parcial con la Fiscalía General de la Nación, en un intento por mitigar las consecuencias legales de su situación.

Por otro lado, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), añadió nuevos nombres a la lista de colaboración que presentó a la Fiscalía General de la Nación. Esta acción forma parte del principio de oportunidad que está negociando con el organismo investigador, mediante el cual busca obtener ciertos beneficios a cambio de proporcionar información clave sobre la red de corrupción dentro de la entidad. Según estimaciones, en esta red se habrían desviado recursos que superan la cifra de 1 billón de pesos.