
El jueves 8 de junio de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que Colombia suspenderá la exportación de carbón a Israel. La decisión del mandatario se debe a los ataques de Israel en la Franja de Gaza ante Hamas, pero que han traído consecuencias al pueblo palestino.
“Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, indicó el jefe de Estado.
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En su mensaje, el expresidente colocó un enlace en donde se observa el borrador del decreto. El documento deja ver que las exportaciones de hullas y briquetas (carbón), clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2701.12.00.10 serán las afectadas.

Sin embargo, el decreto establece al respecto que la prohibición de exportaciones al Estado de Israel incluirá ciertas excepciones.
Dichas restricciones no aplicarán a las mercancías que ya cuenten con una Solicitud de Autorización de Embarque aceptada por la Dian antes de la entrada en vigor del decreto.
Además, esta medida también excluye las Sociedades de Comercialización Internacional que hayan emitido un Certificado al Proveedor antes de la promulgación del decreto.
Los negocios jurídicos perfeccionados hasta el 30 de abril de 2024 que generen expectativas legítimas o situaciones jurídicas consolidadas para el exportador también están exentos de esta prohibición.

Esta decisión fue rechazada por la abogada y columnista Ana Bejarano. En su habitual escrito para Los Danieles, publicado en Cambio, Bejarano aseguró que el presidente Gustavo Petro “una vez más, se equivoca estructuralmente en su ejecución improvisada, vanidosa y chambona”.
La abogada precisó que entiende la motivación del presidente Gustavo Petro “de rechazar los crímenes que Israel intenta hacer pasar como legítima defensa; de hacerlo seriamente y de emprender acciones que tengan consecuencias para la pandilla de extremistas que gobierna en Jerusalén”.

Ana Bejarano indicó que a las carboneras de Colombia les tomó un gran tiempo de consolidarse en el mercado, pero explicó que Australia e Indonesia, son los más grandes exportadores en el mundo, motivo por el cual señaló que a Israel no le tomará mucho tiempo en reemplazar a Colombia.
Así las cosas, la jurista aseguró que la decisión del presidente Petro podría ser “devastadora para la economía”. “Colombia pone entre tres y cuatro millones de toneladas anuales de carbón en Israel. Por eso el riesgo está en perder entre 400 y 600 millones de dólares en divisas, monto que incluye los 650.000 millones de pesos que dejará de percibir en impuestos, regalías y contraprestaciones el Estado. Esos son los estimados de la Federación Nacional de Productores de Carbón”, explicó Bejarano.
Y agregó: “la intempestiva decisión probablemente conducirá al decrecimiento en el ritmo de producción, y el subsecuente desplome del empleo que su explotación y exportación garantizan. Son actividades productivas concentradas en dos departamentos golpeados que naufragan en corrupción y violencia. La Guajira y el Cesar no pueden darse ahora el lujo de enfrentar una crisis de desempleo e incremento de pobreza”.
La columnista indicó que el nuevo ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró que ese mercado se reajustará, razón por la cual ese carbón podrá ser comercializado con otras naciones.
Por tal razón, Ana Bejarano explicó que “lo que es innegable es que ese carbón podrá relocalizarse y venderse al “spot”, como lo llaman los expertos. Es decir, para tapar huecos y eventualidades, no para construir relaciones comerciales de largo plazo. Seguramente, además, se negociará a un menor precio. Afianzar nuevas relaciones comerciales no será fácil, ni para los carboneros ni para otras industrias que cada vez son vistas con más desconfianza por el mercado internacional.
El decreto anunciado por el presidente Petro entrará en vigor cinco días calendario posteriores a la firma de los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y Comercio, Industria y Turismo, además de su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá hasta que se cumplan las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia.
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