Se confirma la falsedad del comunicado del ELN en el que se responsabilizaban de atentado contra 6 policías en Bolívar

El viernes 21 de junio, luego del mediodía, seis policías resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en el corregimiento Limonar, ubicado entre los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el departamento de Bolívar. Según informó la Policía Nacional, el explosivo fue activado remotamente al paso de los uniformados.

Los afectados, cinco patrulleros y un auxiliar de Policía, formaban parte de un grupo asignado a la erradicación de cultivos ilícitos bajo la Dirección Antinarcóticos. Tras el ataque, los heridos fueron evacuados por vía aérea hacia Barrancabermeja, en el departamento de Santander, para recibir atención médica. “A esta hora, todos ellos se encuentran fuera de peligro”, aseguró la institución luego de que los uniformados fueran atendidos.

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Y aunque al principio se divulgó una carta en la que el Ejército de Liberación Nacional de atribuía los hechos, el Gobierno departamental desmintió que la carta fuera auténtica. De acuerdo con Semana, la información se dio así, porque el ELN es una de las estructuras armadas que operan ilegalmente en la región en la que ocurrieron los hechos.

Aun cuando ya se estaba difundiendo la supuesta misiva, el comandante operativo de la Policía Magdalena Medio, coronel Pedro Bonilla, explicó que las operaciones en la zona continuarán con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del acto. “Las operaciones policiales en el área continúan para lograr la identificación y captura de los responsables de este cobarde ataque”, como expresó la institución.

Ahora bien, más que el ELN, en la zona operan varias estructuras armadas al margen de la ley. De hecho, tanto ELN como las disidencias de las Farc se enfrentan al Clan del Golfo, que busca controlar actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y la cadena del narcotráfico.

El ataque se suma a otros incidentes de violencia que han ocurrido en la región. Por tanto, las autoridades han redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes y de los agentes que operan en áreas de conflicto. “Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestra comunidad y prevenir actos de violencia”, manifestó el coronel Bonilla.

La carta “falsa”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, fue quien confirmó a Blu Radio que dicho comunicado es falso. Arana expresó que desde el Gobierno nacional se ha desmentido el contenido del documento y que “Desde inteligencia del Gobierno nacional identificaron la falsedad del texto” (...) hasta ahora se desconoce, y ningún grupo se ha atribuido el hecho”. Por ejemplo, en las redes sociales del grupo guerrillero no se han emitido comunicaciones relacionadas a este evento.

El mencionado comunicado trataba de legitimar el ataque bajo el rótulo de “estrategias legítimas de defensa territorial frente a las constantes incursiones y operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos que vulneran nuestra soberanía y afectan gravemente nuestros intereses”. No obstante, las investigaciones adelantadas por la Fuerza Pública y la inteligencia del Gobierno nacional han determinado que el documento es engañoso.

Pese a la falsedad del documento, las acciones violentas del grupo armado ilegal siguen siendo una preocupación creciente en el Gobierno. “En materia de pie de fuerza, de herramientas tecnológicas y en vehículos. Incluso ha enviado refuerzos, pero no vemos que cesen las actividades por parte de estos grupos criminales”, comentó el gobernador de Bolívar.

Este atentado en San Pablo es solo uno de la una serie de eventos violentos que han afectado al departamento caribeño en el último año. La presencia de grupos armados y las actividades relacionadas con cultivos ilícitos están incrementando la tensión y la inseguridad en la región.

Ante la circunstancia, Arana manifestó: “Las investigaciones adelantadas por parte de la Fuerza Pública van dándonos mayores acercamientos en este sentido”. Mientras tanto, el ELN insiste en su mensaje de que el Gobierno debe cumplir con los puntos pactados en las conversaciones del diálogo de paz.