La Procuraduría General de la Nación dio a conocer su posición frente a uno de los casos más polémicos que se registra en el Senado de la República. Y es que el órgano de control se manifestó frente al proceso de posible pérdida de investidura que afronta el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.
Fue en una audiencia pública llevada a cabo en el Consejo de Estado que la Procuraduría General solicitó rechazar de plano la demanda contra el cartagenero, que es uno de los máximos referentes de la oposición al presidente Gustavo Petro.
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La procuradora Claudia Patricia Hernández argumentó que el demandante no presentó pruebas sólidas que permitan inferir que el representante por las negritudes hubiera solicitado a un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de su salario.
Además, la representante del órgano de control aseguró que los organismos encargados consideraron que no hubo configuración objetiva de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura de Polo Polo.
“Para esta agencia es claro que no hubo configuración objetiva de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura del congresista Miguel Abraham Polo Polo”, precisó la delegada del Ministerio Público.
Las autoridades enfatizaron en que, según la ley, la “carga probatoria” requerida al demandante no cumplía con las condiciones necesarias. De hecho, la procuradura Hernández sostuvo que el demandante no logró demostrar los presupuestos sobre la causal de la demanda.
Por otra parte, la representante del órgano de control señaló que “en consecuencia frente a su conducta no podría decirse que el demandado haya inducido, provocado o exigido directa o indirectamente la destinación de recursos de la nómina asignados a la UTL o que se destinaran para fines distintos a los de pagar la contraprestación personal de servicios profesionales como asesores del representante a la Cámara”.
La demanda no habría abarcado los argumentos suficientes
Así las cosas, el demandante, el abogado Alí Bantú Ashanti, no habría presentado la evidencia correspondiente a la exigencia o consignación de los dineros a las cuentas del congresista. La procuradora comentó que “no se logró demostrar la existencia de consignación, giros y entrega de dinero al demandado para soportar gastos operativos”.
De igual forma, las autoridades dieron a conocer que en los documentos aportados por el solicitante, no se verificó ninguna referencia a transferencias en la plataforma Nequi o a consignaciones a la cuenta personal del demandado.
También se citó que Marlén Cedano González, miembro de la UTL, había recibido presiones para entregar parte de su sueldo. Sin embargo, tras hacer la verificación, no se encontró vinculación alguna con el representante a la Cámara.
“No reposa prueba documental que acredite dicha condición”, sentenció la procuradora Hernández.
Los demás integrantes de la UTL mencionados en la demanda declararon que desconocían cualquier exigencia de dinero por parte del congresista. Además, el escolta del representante a la Cámara afirmó que no presenció ni tuvo conocimiento de tal exigencia por parte de Polo Polo hacia los integrantes de su UTL.
La defensa del congresista también solicitó al Consejo de Estado rechazar de plano las pretensiones de la demanda, argumentando que no se aportó ninguna prueba sobre la existencia de dinero. De hecho, señalaron que las acusaciones del demandante se sustentaron únicamente en afirmaciones sin evidencia concreta.
Miguel Polo Polo es una de las figuras más polémicas de la oposición al presidente Gustavo Petro. De hecho, el congresista ha señalado al jefe de Estado colombiano de “guerrillero” y “drogadicto” en múltiples ocasiones.
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