Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, compareció ante la Corte Suprema de Justicia en calidad de testigo en el proceso judicial que involucra a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La diligencia, que se extendió por más de cuatro horas, tuvo lugar en medio del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Al concluir su intervención, Ortiz afirmó a los medios: “hablé la verdad”.
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El contexto de esta declaración se relaciona con investigaciones en curso en torno a presuntas irregularidades dentro de la Ungrd, motivo por el cual también se han llevado a cabo interrogatorios a figuras clave como el ministro del Interior, Luís Fernando Velasco, el director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y el director de Inteligencia, Carlos Ramón González. Estos testimonios han sido escuchados principalmente por el magistrado Francisco Farfán, que está encargado de la diligencia.
El abogado defensor de Ortiz, Pedro Aguilar, detalló que la sesión incluyó preguntas cerradas de sí y no, y que su cliente respondió según lo estipulado por sus derechos constitucionales. Aguilar especificó: “Ella había asumido el compromiso de no declarar acogiéndose del derecho a la no autoincriminación”. Este proceso mixto permitió a Ortiz guardar silencio en cuestiones que podían comprometer su situación legal, mientras respondía abiertamente a aquellas que no lo hacían.
En paralelo, el fiscal general adelanta negociaciones sobre dos principios de oportunidad, uno para Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y otro para Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma institución. Sin embargo, Aguilar puntualizó que no hay acuerdos definitivos en este sentido: “Hasta el momento parece que no se ha definido el principio de oportunidad que se está planteando a nivel de medios, pero a nivel judicial parece que no existe nada concreto”.
En tanto, las declaraciones de los testigos forman parte fundamental de este caso, que ha suscitado gran interés público debido a las implicaciones legales y políticas de los implicados. La defensa de Ortiz subraya que sus respuestas fueron plenamente acordes con los derechos y límites establecidos por la normativa judicial vigente.
Se espera que en los próximos días continúen las audiencias y que otros implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, sean llamados a declarar para clarificar su participación en los hechos investigados.
Otras aristas del interrogatorio
Con respecto a los chats, el abogado de Ortiz ha subrayado que aún no se ha determinado si estos mensajes han sido manipulados. “Son chats que se han planteado en los medios. Cuando llegue el momento se harán las discusiones técnicas para determinar si es objeto de manipulación o no”, afirmó el jurista.
El abogado también puntualizó que las declaraciones de Ortiz y sus manifestaciones son actualmente “objeto de reserva”. Además, señaló que, cuando sea requerida por la Fiscalía, “tendrá que asumir la actuación correspondiente”. No obstante, Ortiz aún no ha sido citada por el ente investigador.
Hasta el momento, los procedimientos judiciales relacionados con el caso siguen en curso. “Allá siguen el trámite de interrogatorios, aportes de pruebas y, por ahora, parece que no se ha definido el principio de oportunidad que se está planteando a nivel de medios, pero a nivel judicial parece que no existe nada concreto”, agregó el abogado Aguilar.
Ortiz defiende su inocencia
Ortiz siempre ha estado en defensa de su honor luego de las acusaciones de Sneyder Pinilla. Desde su salida del gobierno a principios de mayo, Ortiz ha tildado las declaraciones de Pinilla como “afirmaciones calumniosas” y prometió emprender las acciones legales necesarias para proteger su buen nombre.
Ortiz criticó duramente las acusaciones y lamentó que se pretenda usar políticamente a la Fiscalía, declarando: “Se pretende instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados”.
Pinilla, por su parte, ha buscado colaborar con la justicia brindando evidencia a cambio de un beneficio judicial. En los chats entregados, se detalla la operación en la que se necesitó de un morral especial para transportar el dinero presuntamente destinado a influir en el trámite legislativo de las reformas del gobierno. Estas revelaciones han generado un considerable revuelo, poniendo a varios exfuncionarios en el ojo del huracán.
Ortiz ha manifestado que presentará acciones legales que evidencien la falsedad de las acusaciones, confiando en que la justicia prevalecerá para limpiar su nombre.
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