La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de Javier Alfredo Valle Anaya, condenado por el asesinato del sociólogo y docente universitario, Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis, y de su escolta, Edelberto Ochoa Martínez, cometido en 2004.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluó sus aportes de verdad y determinó que tienen potencial para develar los patrones de macrocriminalidad entre agentes del Estado y paramilitares contra docentes y sindicalistas en el norte del país.
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“La sala concluyó que dichos aportes, a pesar de ser muy generales y sin mayor riqueza descriptiva de los hechos, tienen potencial de impactar positivamente en la develación de patrones de macrocriminalidad”, que están relacionados con la persecución de docentes y sindicalistas señalados de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes como las extintas Farc-EP, según el fallo del tribunal de paz.
Así mismo, la JEP resaltó que los aportes de verdad de Valle Anaya podrían ser de interés para el caso 08, que precisamente investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado, “por lo tanto, la sala aceptó su sometimiento como compareciente voluntario en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública”.
Hay que aclarar que la JEP no le concedió el beneficio de libertad, transitoria, condicionada y anticipada al exsubdirector del DAS, “hasta que amplíe sus aportes a la verdad plena, ofrezca garantías de reparación a las víctimas “que sean aceptables y que correspondan con su reconocimiento de responsabilidad y con el daño causado”.
La JEP explicó que esta decisión fue tomada mayoritariamente por el Grupo de Trabajo A de la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión para comparecientes voluntarios y comandantes paramilitares incorporados a la fuerza pública (Subcvcp).
El Grupo de Trabajo A, integrado por las magistradas Sandra Castro Ospina y Claudia Saldaña Montoya, y los magistrados Mauricio García Cadena y Pedro Díaz Romero, fue el encargado de analizar el caso. Cabe destacar que el magistrado Pedro Díaz Romero registró un salvamento de voto sobre la decisión.
Javier Alfredo Valle Anaya había estado viviendo en Estados Unidos desde el 2005. Sin embargo, en 2018 las autoridades migratorias de ese país lo capturaron y posteriormente lo deportaron en 2022. Desde su retorno a Colombia, Valle Anaya ha permanecido en prisión.
Según informó, el día de su captura, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Valle Anaya fue retenido el 5 de octubre por agentes especiales de Seguridad Nacional de Nueva York por “violaciones de inmigración”.
Además, un juez de inmigración determinó, el 6 de diciembre de 2019 que no pudo negar su participación en el tiroteo ocurrido el 17 de septiembre de 2004, donde fueron asesinados el profesor Correa de Andreis y su escolta. Por estos hechos, que tuvieron lugar mientras Valle Anaya era miembro activo del DAS, fue condenado a 40 años de prisión.
Durante el juicio, se determinó que Valle Anaya no solo proporcionó datos falsos, sino también participó en la creación de pruebas y el pago a testigos para desprestigiar al profesor con el objetivo de acusarlo de tener vínculos con las extintas Farc. Estos testimonios fueron fundamentales para la emisión de una orden de detención contra el académico Correa de Andreis, acusado de ser ideólogo del Bloque Caribe de essa guerrilla.
En su momento, se ordenó deportar a Valle Anaya por falsificar información en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. Posteriores apelaciones del exagente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos fueron rechazadas, concretándose finalmente su deportación.
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