Patrullero de la Policía habría agredido sexualmente a una auxiliar bachiller: la Procuraduría anunció investigación

La Procuraduría General de la Nación dispuso el inicio de una investigación disciplinaria en contra del patrullero Deivis Maggiver Gaitán Campuzano, que está asignado a la estación de Policía de Marquetalia, en el departamento de Caldas, debido a denuncias relacionadas con presuntos abusos sexuales perpetrados contra una auxiliar bachiller.

La entidad anunció que el procedimiento disciplinario se llevará a cabo incorporando un enfoque detallado de género y una perspectiva adecuada para abordar las cuestiones relacionadas con la víctima.

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“La Provincial de Instrucción de Manizales confirmó que por tratarse de una mujer en calidad de víctima, el proceso se realizará con la respectiva perspectiva y enfoque de género en materia disciplinaria”, aseguró la entidad en su comunicado.

El Ministerio Público inició dicha investigación y solicitó pruebas con el objetivo de confirmar la veracidad de los hechos denunciados, evaluar si estos constituyen una falta disciplinaria y establecer si las acciones se realizaron bajo una causal que justifique la exclusión de responsabilidad.

Y es que, en marzo, una integrante auxiliar de la Policía que realiza labores en Marquetalia, Caldas, presentó una denuncia alegando haber sido víctima de agresión sexual a manos de uno de sus compañeros uniformados. El incidente supuestamente tuvo lugar dentro de las instalaciones de la estación de Policía local. Hechos que como se dijo anteriormente, empezaron a ser investigados por el órgano de control.

Una oficial auxiliar de la Policía reportó que fue agredida sexualmente por un compañero mientras se duchaba en uno de los baños de la estación. Según su denuncia, el atacante habría aprovechado su vulnerabilidad para entrar al baño y realizar actos de violencia sexual en su contra.

La afectada informó a la institución sobre los delitos sexuales que sufrió y la coronel Liliana Jiménez, quien comanda la Policía de Caldas, dio su comentario al respecto. Aunque la denunciante afirmó que se creó un equipo especial para indagar en el caso, no mencionó las acciones tomadas contra el acusado.

Las palabras de la coronel Jiménez al respecto fueron las siguientes: “Tras la denuncia pública que se ha realizado en contra de un funcionario de la institución en el municipio de Marquetalia, por presuntas conductas en perjuicio de un auxiliar de policía, desde el comando aclaramos que una vez se tuvo conocimiento de la denuncia del presunto comportamiento por parte de un funcionario de policía y en aras de garantizar la transparencia, el comando del departamento de Caldas desplazó de manera inmediata un grupo interdisciplinario para investigar los sucesos que rodean el hecho y establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar”.

Además, señaló que el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad inicie las investigaciones pertinentes. “Se puso el caso en poder de la Fiscalía para los hechos pertinentes”, fueron sus palabras al respecto, que fueron citadas por Caracol Radio.

Por otro lado, en otras de las acciones recientes de la Procuraduría General de la Nación, inició una indagación preliminar contra Jhon Jairo Camargo Motta, director general interino de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, debido a una queja presentada por la exdirectora de la entidad, Martha Lucía Zamora Ávila, relacionada con una supuesta extralimitación de funciones por parte del director encargado.

La entidad de control investiga una posible extralimitación de funciones por parte de Camargo Motta, quien supuestamente pidió, fuera de tiempo, a la entonces directora, una ampliación del informe de gestión presentado al momento de su salida de la agencia.

El cuestionario de 50 preguntas enviado a Zamora Ávila contenía interrogantes sobre la cancelación del proceso de Licitación Pública 2023, que buscaba contratar servicios de suministro, formalización, personalización, custodia y distribución de pasaportes.

Para confirmar la existencia de las conductas descritas y determinar si estas constituyen una falta disciplinaria o si se actuó bajo una justificante que exima de responsabilidad, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas tanto documentales como testimoniales.