El Presidente Gustavo Petro y varios partidos políticos de Colombia utilizaron los servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS, según investigaciones de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
La empresa de transporte aéreo ha sido mencionada por su relación con Carlos Restrepo, conocido como ‘Caco’, y enlaces con la criptomoneda DailyCop.
Dicha empresa ofreció servicios a varios partidos, como el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U. Se han obtenido facturas de vuelos charter pagados de contado o anticipadamente, según documentos revisados por Caracol Radio.
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Una de las facturas, la número 3862 del 26 de septiembre de 2019, detalla un vuelo del Centro Democrático en la ruta Guaymaral-Ataco-Coyaima-Espinal-Ibagué-Guaymaral, con un costo total de 26 millones 190 mil pesos. Otra factura, la SA-4792 del 15 de febrero de 2022, emitida a nombre de Néstor Fabio Rico Rey, candidato a la alcaldía de El Rosal por una alianza partidaria, muestra un servicio de transporte de carga en la ruta Guaymaral-Guaduas-Mosquera-Villeta-Guaymaral, según difundió Caracol Radio.
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Las investigaciones revelan también una factura electrónica SA-4810 del 14 de marzo de 2022, donde se registró un pago de 19 millones 100 mil pesos a nombre de Javier Hernando Caycedo Sastoque. El exrepresentante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque está vinculado a este pago, destacando los servicios en la ruta Guaymaral-Guaduas-La Mesa-Viotá.
Otro documento fechado el 14 de enero de 2022, con la factura SA-4775, muestra un pago del Partido Liberal Colombiano por transporte aéreo de pasajeros en helicóptero, cubriendo la ruta Guaymaral-Samacá-Miraflores-Sogamoso-Duitama-Tunja-Guaymaral. La factura destaca una aparente discrepancia de fecha.
La coyuntura se da en un contexto donde todos los partidos mencionados han utilizado los servicios de SADI SAS para sus desplazamientos internos, destacando siempre pagos al contado o por adelantado.
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Testimonio de Ómar Hernández sacude campaña de Gustavo Petro por financiamiento ilícito
Ómar Hernández, imputado por lavado de activos y captación masiva de dinero, ha prometido revelar detalles de su relación controversial con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Desde la prisión en Bogotá, Hernández asegura, a través de su abogado Víctor Eduardo Muñoz, que su empresa Daily Cop financió clandestinamente servicios de aviación para Petro en una transacción no reportada que asciende a 1.000.000 USD.
Según declaraciones de Muñoz a Semana, la operación se llevó a cabo mediante la compra de una avioneta por parte de la compañía Sadi SAS, facilitado por Carlos Restrepo, quien actuó como intermediario para dejar en disponibilidad la aeronave al servicio de Petro. En la reunión, donde se acordó esta operación, también estuvo presente Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro y actual principal ejecutivo de Ecopetrol.
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Hernández afirmó en una entrevista para Semana que más de 200.000 personas fueron afectadas por Daily Cop, una situación que la Fiscalía General de la Nación clasifica como captación masiva y habitual de dinero. Hernández asegura que algunos fondos utilizados en la campaña de Petro provenían de operaciones de lavado de activos, lo que plantea serias preocupaciones sobre el origen de estos fondos.
El impacto de estas declaraciones recae sobre Ricardo Roa y el presidente Gustavo Petro, implicando que sus campañas se beneficiaron de recursos ilícitos. La Fiscalía está revisando evidencia fotográfica que demuestra el uso de una avioneta matrícula HK-5328 Super King 300, vinculando directamente a los implicados.
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El abogado Víctor Muñoz Rosero prometió en Caracol Radio ratificar estos señalamientos, ofreciendo más detalles sobre las reuniones para coordinar el apoyo financiero irregular. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz del Consejo Nacional Electoral (CNE) están analizando estas informaciones para determinar la inclusión en un pliego de cargos contra los implicados.
Hernández ha puesto a disposición más pruebas para confirmar sus declaraciones iniciales, lo que impulsa la urgencia de una investigación a fondo por parte de las autoridades electorales y podría repercutir en la integridad del proceso democrático en Colombia. “El delito de lavado de activos implica a quienes se beneficien de dineros ilícitos. Y este es el caso”, subrayó Hernández.
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