Procuraduría formuló cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y otro exsubdirector de la Ungrd

En una revelación que sacude al país, la Procuraduría General de la Nación, bajo la batuta de Margarita Cabello Blanco, destapó un escándalo de proporciones descomunales durante su reciente rendición de cuentas.

El protagonista de esta saga de corrupción es nada menos que el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez, que ahora enfrenta un pliego de cargos por presuntos sobrecostos escandalosos en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.

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Los números no dejan de sorprender. La investigación reveló un sobrecosto superior a los 16.000 millones, lo que significa un aumento extraordinario del 54 % del costo, $412.000.000 adicionales por cada uno de los carrotanques.

Pero la trama se despliega aún más. Junto a López, la Tercera Delegada para la Contratación Estatal también formuló cargos contra el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván. Estos altos funcionarios, presuntamente, fueron actores en esta obra de corrupción que robó la esperanza de miles de ciudadanos en La Guajira.

Sneyder Pinilla, en su papel de supervisor del contrato, enfrenta cargos adicionales por haber aceptado los 40 carrotanques sin verificar que cumplían las condiciones legales pactadas. La afectación a los principios de moralidad, eficacia y economía es evidente, especialmente cuando se descubrió que los carrotanques terminaban acumulando polvo en un batallón militar, lejos de cumplir su cometido.

La Procuraduría no escatimó en calificativos: las acciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron catalogadas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, mientras que la conducta de Víctor Meza fue marcada como falta gravísima a título de culpa gravísima.

En medio de este espectáculo de corrupción, la ciudadanía exige explicaciones y justicia. Lo cierto es que esta historia promete más capítulos y giros que mantienen a todo el país en vilo, esperando que las acciones legales sean contundentes y ejemplares respecto a uno de los escándalos más grandes que afronta la entidad.

Olmedo se negó a hablar ante la Corte Suprema sobre el escándalo de la Ungrd

En un giro dramático en el caso de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, exdirector de la entidad, decidió mantenerse en silencio tras ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia para ampliar sus declaraciones contra congresistas. López, quien había sido citado para declarar en medio de la investigación contra el representante Wadith Manzur, optó por no hablar, tanto por buscar un principio de oportunidad como por la naturaleza de la citación que consideró irregular.

El traslado de López a la Corte fue ordenado por el magistrado Héctor Alarcón después de que el exdirector no acudiera voluntariamente a la cita. En la audiencia, López se acogió al derecho de guardar silencio, declarando que solo hablaría con la Fiscalía. Su abogado, José Luis Moreno, argumentó que ni López ni su defensa fueron informados debidamente de la citación, calificando la conducción de su cliente como irregular y peligrosa.

La situación se complicó aún más por la reciente invasión a la vivienda de López, donde diez individuos vestidos de policía robaron dos cajas fuertes y amordazaron al vigilante, dejando claro que se trataba de una venganza. Estos hechos preocuparon aún más a la defensa, que teme por la seguridad y la vida de López, afirmando que la manera en que fue conducido a la Corte incrementa los riesgos que ya enfrenta.

En su declaración a la prensa, Moreno enfatizó que López se mantendrá en silencio hasta que se brinden garantías de un principio de oportunidad, conforme a la Ley 906, que establece las normas procesales correspondientes. Su abogado asegura que López está dispuesto a colaborar con la justicia y delatar toda la red de corrupción dentro de la UNGRD, siempre y cuando se respeten sus derechos y se asegure su protección.