Supuestos brujos extorsionaban a sus clientes amenazando con revelar intimidades surgidas en sesiones espiritistas

En un sorprendente operativo de la Fiscalía General de la Nación, tres personas fueron formalmente judicializadas por presunta extorsión en un caso que mantiene conmocionada a la opinión pública. Un fiscal Gaula de la Seccional Tolima logró la imputación de José Luis Cortés Chaguendo, Óscar Andrés Becerra y Anyi Vanessa Mamian Ruales, acusados de utilizar la fachada de brujos y santeros para extorsionar a sus víctimas.

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Según las investigaciones, estos individuos captaban clientes a través de las redes sociales, prometiendo servicios de santería y otros rituales esotéricos. Una vez que lograban atraer a las víctimas, procedían a extorsionarlas. Las amenazas no se limitaban únicamente a las víctimas individuales, sino que también se extendían a sus familias, con el objetivo de presionarlas para que cedieran a sus demandas económicas.

Las sumas exigidas por los supuestos brujos oscilaban entre los 5 y 13 millones de pesos. Los afectados, temerosos de que contenido privado de las llamadas “sesiones de brujería” fuese revelado públicamente, accedían a pagar altas sumas de dinero.

Los imputados, quienes no aceptaron los cargos de extorsión agravada, operaban de manera organizada en la ciudad de Ibagué. Eran responsables de retirar los fondos extorsionados en reconocidas entidades bancarias del país y llevar un minucioso balance financiero de la estructura delictiva. Esta red de extorsión muestra el ingenio y la falta de escrúpulos con los que se mueven ciertos sectores criminales, explotando las creencias y la vulnerabilidad de las personas para obtener grandes beneficios económicos.

Las autoridades continúan investigando el alcance de esta red y no descartan que haya más involucrados. Mientras tanto, la comunidad sigue atenta a las acciones de la Fiscalía que busca garantizar justicia y desmantelar completamente esta siniestra operación delictiva.

El Ministerio de Justicia ha reiterado a través de su página web la crucial importancia de denunciar cualquier tipo de extorsión, instando a las víctimas y testigos a comunicarse con la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Este mecanismo ha sido dispuesto como una herramienta fundamental para combatir uno de los delitos más inquietantes que afectan a la ciudadanía: la extorsión.

La cartera de Justicia resaltó el proceso que se debe seguir para enfrentar este delito. Al realizar una llamada a la línea 165, el personal especializado del Gaula se encargará de atender el caso, recopilando toda la información necesaria y orientando a la víctima sobre cómo proceder. Incluso, se ofrece la posibilidad de realizar la denuncia de manera digital, brindando una alternativa rápida y segura.

Tras la recepción de la denuncia, el Gaula trasladará el caso a un fiscal delegado específicamente para situaciones de extorsión. Este fiscal se pondrá en contacto con la víctima para ampliar detalles sobre la denuncia y, a partir de ese momento, iniciará una coordinación impecable entre los delegados de la fiscalía y el grupo Gaula. El objetivo: capturar a los culpables y garantizar la protección de la víctima y su familia.

La estrategia es clara: una vez capturados los presuntos delincuentes, la Fiscalía General de la Nación emprenderá una rigurosa investigación con el firme apoyo del Gaula. Esta colaboración busca asegurar la recolección de pruebas contundentes para que el juez penal determine la culpabilidad de los implicados y se aplique todo el peso de la ley.

El delito de extorsión, definido como la acción de obligar mediante violencia o amenazas a una persona para que realice, tolere u omita un acto en contra de su voluntad, es una práctica que, lamentablemente, sigue generando preocupación en la población al buscar obtener un beneficio económico ilícito. Es por ello que el Ministerio de Justicia recalca la necesidad de no quedarse callado y utilizar los canales disponibles para enfrentar estos actos delincuenciales.

Este llamamiento enérgico a la denuncia y a la colaboración ciudadana es un paso decisivo para desmantelar las redes criminales que operan bajo la sombra de la extorsión, enviando un mensaje claro a todos aquellos que buscan vulnerar la tranquilidad y seguridad de los colombianos.