Prosperidad Social fue reconocida como víctima en caso de corrupción ‘Las Marionetas 2.0′

Por medio de un comunicado emitido el 28 de mayo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) informó que la entidad fue reconocida como víctima en el caso de corrupción conocido como ‘Las Marionetas 2.0′. La decisión fue tomada el 24 de mayo por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, luego de que en una audiencia anterior fuera negada la solicitud del reconocimiento como víctima.

Según informó el director del DPS, Gustavo Bolívar, la petición fue aceptada por el Juzgado durante una audiencia de acusación contra el exdirector (e) de la entidad y exsubdirector de Proyectos Pierre García, señalado de haber participado en el entramado de corrupción y de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

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“Hace unas semanas, por una defensa deficiente, se nos había negado ese derecho. Cambiamos la defensa y la Juez reconoció que los argumentos de la nueva defensa eran válidos, por lo que nos reconoció. Vamos a recuperar los recursos presuntamente robados”, detalló Bolívar en X (antes Twitter).

De acuerdo con el DPS, se están investigando dos convenios interadministrativos de miles de millones de pesos en los que, presuntamente, hubo irregularidades. Se trata del convenio 501 del 26 de agosto de 2021 y del y 670 del 12 de noviembre de 2021, celebrados por $22.173 millones y por $49.460 millones, respectivamente. Estos contratos se pactaron con la empresa para el desarrollo territorial Proyecta Quindío.

El entramado de corrupción: ¿qué tiene que ver Pierre García?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el convenio 670 estaría involucrado Pierre García, que sería el responsable de orientar de manera irregular la celebración del contrato y de otros 27 proyectos relacionados con este, en los que se tenía pensado llevar a cabo obras de infraestructura en Quindío, Tolima y Valle del Cauca. El problema es que, al parecer, hubo un presunto favorecimiento del contratista y de otros actores requeridos para dar cumplimiento a los objetivos.

“En el curso de la investigación se acreditó que el señor García Jacquier, al parecer, se reunió con congresistas y el entonces gerente de ‘Proyecta Quindío’, quienes presuntamente le indicaron los contratistas y municipios con los que se debían contratar los proyectos definidos en el contrato interadministrativo. Asimismo, se estableció que el exsubdirector del DPS en la selección de los contratistas, al parecer, no tuvo en cuenta criterios de priorización; y, por el contrario, habría actuado motivado por los intereses particulares de la empresa criminal”, informó la Fiscalía en un comunicado, luego de que el exfuncionario fuera imputado.

Sin embargo, García se pronunció sobre el proceso penal en su contra, asegurando que es inocente y que el contrato por el que se presumen irregularidades, nunca se celebró. “Estoy siendo investigado por un convenio que no se ejecutó, así que el DPS no pagó un solo peso a ningún contratista, no se perdieron recursos del Estado, ni fueron apropiados indebidamente por nadie”, detalló en un comunicado.

Presuntamente, Proyecta Quindío recibió información privilegiada que tenía que ver con los requisitos para ganarse el contrato, como por ejemplo, fechas de publicación de licitaciones y presupuesto. Además, se habría acordado un pago de $1.000 millones para las personas que intercedieron para lograr dicho favorecimiento, que serían varios contratistas y políticos.

“Estas conductas afectan los fines esenciales del Estado y minan la confianza en la entidad. Prosperidad Social ratifica su compromiso en la defensa de los recursos públicos, para que lleguen a los hogares que más lo necesitan”, detalló Prosperidad Social en el comunicado.

Este entramado de corrupción lleva el nombre de ‘Las Marionetas 2.0′ porque estaría basado en una estrategia criminal similar que fue encabezada por el exsenador Mario Castaño y que fue nombrada como ‘Las Marionetas’. Por estos hechos, el excongresista fue condenado a 15 años de prisión, luego de haber sido declarado culpables de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, estafa agravada, peculado por apropiación (consumado y en tentativa). Sin embargo, murió el 18 de noviembre de 2023, sin cumplir su pena.

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