
Una denuncia penal contra el ministro de Educación ad hoc Juan David Correa fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por José Ismael Peña Reyes, rector designado de la Universidad Nacional. El documento de 17 páginas alega que Correa incurrió en el delito de “prevaricato por acción” al expedir resoluciones que, según Peña, contravienen la ley durante la crisis institucional del centro educativo.
Peña acusó al ministro en la denuncia de actuar en contra de la ley en varias resoluciones recientes, una de las cuales ordenaba al Consejo Superior Universitario (CSU) nombrar un rector encargado en un plazo de 24 horas.
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“A pesar de que el Consejo Superior Universitario designó legalmente a José Ismael Peña Reyes como rector, el Ministro de Educación ad hoc desconoció esta decisión y está promoviendo la imposición de un rector encargado”, afirmó Peña en su documento.

El presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como ministro de Educación ad hoc, con funciones de inspección y vigilancia, en medio de la crisis en la Universidad Nacional. Esta medida surge tras la autoposesión de Peña como rector en una notaría, lo que desató tensiones en la comunidad universitaria y ha generado fuertes manifestaciones de estudiantes que piden ser escuchados.
Según la denuncia de Peña, el 15 de mayo de 2024 el Ministerio de Educación emitió la resolución 007480, suscrita por Correa, donde se invocan incorrectamente los numerales 5 y 7 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014, para justificar la imposición de un rector encargado justificándose en argumentos políticos y no legales.
El rector designado por el CSU argumentó también que la norma establece que la suplencia rectoral aplica únicamente en casos de ausencia temporal y debe ser designada por el propio rector: “Esta normativa asegura que la suplencia solo se aplica en casos de ausencia temporal y no como una duplicidad del cargo cuando ya existe un rector activo. En el caso que nos atañe, no constituye ninguna de las causales, por lo tanto, la resolución resulta contraria a la normatividad”, señala el documento.
Pero su queja también se centró en aspectos de procedimiento legal. Peña alega que no se permitió interponer un recurso de reposición, violando así el debido proceso: “Así que es claro que solo hubo una intención de proferir una resolución contraria a derecho y que el afectado(s) no tuviera(n) posibilidad de controvertir”, sostuvo en la denuncia.

Por su parte, el Gobierno sigue insistiendo en la ilegalidad de la elección de Peña, aunque la Procuraduría General de la Nación afirmó que su designación por parte del CSU fue conforme a los estatutos internos de la Universidad Nacional.
Algunos analistas consideran estas acciones como un atentado del Gobierno Petro contra la autonomía universitaria. “Es el ministro ad hoc el que le está ordenando al Consejo nombrar a otro rector encargado, negando que el CSU ya nombró en el marco de su competencia a Peña en una sesión en la que la ministra de Educación fue partícipe. Es una orden, así lo dice textualmente el documento”, explicó Francisco Cajiao en diálogo con El Tiempo.
Incluso, las decisiones tomadas por el Ejecutivo llevaron a la Procuraduría General de la Nación a ordenar el inicio de una investigación contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para nombrar rector provisional.
Según indicó el Ministerio Público, la Sala Disciplinaria de Instrucción investigará tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, así como denuncias de medios, quienes informaron que el funcionario emitió una resolución dando un plazo de 24 horas para celebrar una reunión mientras se decide sobre la legitimidad de su posesión.
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