Capturaron a integrante de las disidencias de las Farc en el Cauca: este es el prontuario criminal de alias Thiago

Alias Thiago era buscado por las autoridades debido a su implicación en múltiples actividades delictivas como miembro del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. En una acción conjunta en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional lograron capturar a este hombre

Didier Bautista, conocido como Thiago, sería el encargado de coordinar las redes de ese grupo en varias veredas y zonas rurales de los municipios de Corinto, Caloto y Padilla. Además, supervisaba la siembra, acopio y comercialización de marihuana en Caloto bajo las órdenes de alias Maicol, cabecilla de esta estructura residual.

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Según reportes de inteligencia militar, su extenso historial delictivo incluye ataques terroristas contra las tropas del Ejército Nacional en el norte del Cauca, utilizando y lanzando artefactos explosivos improvisados.

También se le atribuye responsabilidad de una asonada contra tropas militares en el corregimiento de El Palo, en Caloto, donde instrumentalizó a la comunidad para obstruir la labor de las fuerzas armadas en la zona.

Alias Thiago, de apenas 29 años, contaba con entrenamiento en inteligencia delictiva, manejo de artefactos explosivos, reclutamiento ilícito y proselitismo armado. Se tenía registro de sus actividades criminales desde 2022, pero al parecer hacía parte del grupo armado desde hacía tres años.

Con su captura, dice la Fuerza Pública, se afecta significativamente el accionar delictivo y financiero de este grupo ilegal, especialmente en el municipio de Caloto, debido a la interrupción de las rentas ilícitas obtenidas del narcotráfico.

Ahora, Thiago fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que luego de su proceso de judicialización, determinó su medida de aseguramiento en un centro carcelario a la espera de que se realice el juicio en su contra.

Este ha sido el accionar delictivo del frente Dagoberto Ramos

Según la Fundación Pares (Paz y Reconciliación), desde los primeros intentos de alcanzar la paz, el frente Dagoberto Ramos se negó a poner fin a sus acciones terroristas contra la población civil. Este frente está compuesto por exmiembros del antiguo sexto frente de las Farc-EP, junto con las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas y se ha consolidado como una amenaza persistente en varios departamentos del suroccidente del país.

Su modus operandi es brutal: ráfagas de fusil, secuestros, asesinatos públicos y torturas. El principal objetivo de ese frente es proteger y controlar campos de cultivos ilícitos y supervisar la producción de drogas en laboratorios clandestinos. De hecho, inteligencia militar estima que 18.000 hectáreas de cultivos ilícitos están bajo su poder.

Además, reclutan a menores en los resguardos indígenas. La reciente muerte de la líder indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca, mientras intentaba rescatar a un menor reclutado por el grupo, provocó que el presidente Gustavo Petro levantara el cese al fuego en varias regiones clave. Este incidente ha desatado una ola de violencia.

Las autoridades identifican a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, como el principal cabecilla, implicado en extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores. Le siguen alias Fito y alias Maicol, quienes controlan zonas específicas y son responsables del reclutamiento y la seguridad de los cargamentos, como pudo establecer la revista Cambio.

El frente Dagoberto Ramos tiene alrededor de 245 miembros armados y una red de unos cien “colaboradores”; entonces, se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades. El ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa sustancial para quien brinde información que conduzca a la captura de estos delincuentes.

El accionar del frente se caracteriza por su extrema violencia, especialmente en el Cauca, donde se han reportado homicidios y amenazas dirigidas a organizaciones sociales, particularmente comunidades indígenas y afrocolombianas. Económicamente, el grupo armado ilegal pone “impuestos” a quienes quieran transportar pasta de coca y cocaína por las vías del departamento.