
En unas polémicas declaraciones el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Carlos Carrillo, culpó a su antecesor Olmedo López por entregar contratos administrativos antes de su salida, incluido un intento por beneficiar a una de las firmas de abogados relacionadas con Iván Alfaro Gómez, apoderado de Laura Ojeda.
“El contratista Iván Alfaro, no contento con los casi 24 millones mensuales de su contrato, buscó para una de las varias firmas de abogados con las que está relacionado, un contrato por 100 millones de pesos mensuales: verdaderamente insaciable”, señaló el funcionario de la Ungrd.
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De hecho, las posibles irregularidades trascendieron en la opinión pública por el papel que jugó el togado en uno de los procesos que adelantó para su apoderada Ojeda, actual pareja sentimental del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, acusada por injuria y calumnia por parte de la hermana de Day Vásquez.
Pero en la mañana de este martes 14 de mayo, Laura Ojeda se desmarcó por completo del abogado Alfaro, asegurando que solo le acompañó durante corto tiempo, negando así tener una relación laboral continua con el mencionado penalista.

También aclaró que Miguel Diez Rugeles se mantiene como su defensor principal. “Agradezco al abogado Iván Alfaro Gómez quien me acompañó solamente en una audiencia de conciliación, en la que ya llegué a un acuerdo”, expresó Ojeda mediante una publicación en X, donde también anticipó su asistencia a una futura audiencia junto a Diez Rugeles.
“En compañía de mi abogado Miguel Diez Rugeles quien me representó en la audiencia de principio de oportunidad que le negaron parcialmente a Dayssuris Vásquez, asistiremos a la audiencia de acusación en su contra el próximo 21 de mayo”, concluyó.
Ante los señalamientos, Alfaro Gómez también negó cualquier vínculo de Ojeda con actos de corrupción, enfatizando su independencia profesional y su experiencia de más de 20 años en el área penal. En un comunicado, el abogado detalló su proceso de contratación y descartó conflictos de interés.

“Como contratista de prestación de servicios, no existe ninguna inhabilidad ni impedimento para el ejercicio independiente del Derecho”, aseguró, desestimando las acusaciones por falta de evidencia concreta.
Alfaro también sostuvo que su defensa hacia Ojeda y otros clientes siempre se ha regido bajo principios de confidencialidad y profesionalismo, dejando claro que “no podemos ser obligados a conocer los intereses personales, familiares, políticos, religiosos, raciales, ni de ningún otro tipo de los ciudadanos que nos confían sus asuntos”.
De hecho, el togado pidió que no se vincule a la pareja sentimental de Nicolás Petro en los presuntos hechos de corrupción a los que se le vinculan, pues su contacto con Ojeda fue netamente profesional y desestimó cualquier relación de cercanía en el pasado.

“Es por ello que rechazo de manera categórica que se haya estigmatizado a la ciudadana que represento, se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida pues se trata de asuntos disímiles que no tienen relación alguna y que las conjeturas maliciosas han querido afectar a su familia, solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información”, señaló.
Además, Alfaro se defendió de las acusaciones en su contra, donde se le señala de ser la cabeza del departamento legal de la Ungrd, a pesar de mantener solo un contrato con la entidad para la prestación de servicios de asesoría jurídica.
“En ningún caso actué como ‘jefe de facto’ ni superior de las funcionarias que ejercen como secretaria general ni de la jefe de la Oficina Jurídica, pues era evidente su experiencia en el sector público y su destacada formación académica”, comentó.
Sin embargo, las denuncias también vincularían a Alfaro con un entramado para entregar un contrato por más de mil millones a una de las firmas con las que tiene alianza y que, al parecer, era de su propiedad antes de ingresar como contratista de la Ungrd.
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