Desaparición de 69 cajas con documentos esenciales en la Ungrd tiene en vilo al director de la entidad, Carlos Carrillo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) enfrenta una crisis significativa tras la pérdida de 69 cajas de documentación crucial.

Carlos Carrillo, director de la entidad, reveló estos detalles en conversaciones con W Radio, marcando el inicio de una investigación sobre irregularidades internas. Este incidente ha suscitado la preocupación no sólo por la gestión de la información, sino también por la legalidad de los contratos firmados bajo el decreto de emergencia de 2022.

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El proceso de inspección de la Procuraduría General de la Nación y la llamada de atención de la Contraloría General de la República, que subraya la responsabilidad de la Ungrd en la custodia y recuperación de estos documentos, destaca la gravedad del asunto.

“Desaparecer ese tipo de documentos es un delito”, enfatizó Carrillo, al tiempo que recordó que estos archivos son fundamentales para investigaciones de corrupción, incluyendo grandes escándalos con condenas y fallecimientos. La pérdida no sólo plantea un desafío operacional, sino también legal y político dada la relevancia de los documentos en cuestión.

Particularmente preocupante es el contexto en el que se produce esta pérdida: un convenio interadministrativo firmado tras las elecciones presidenciales del 2022, supuestamente para actualizar la gestión documental y digitalizar archivos.

La ausencia física de estos archivos tras la intervención de un contratista específico, cuya identidad no se ha divulgado debido a un proceso sancionatorio en curso, plantea serias interrogantes sobre la efectividad y la transparencia de los procedimientos de la Ungrd.

“Eso es inexplicable, estamos hablando del año 2022, no del año 2002″, señaló Carrillo, haciendo hincapié en la incongruencia de tales fallos en el manejo de documentos críticos en la era digital.

La Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control recibieron el apoyo pleno del director de la entidad Carlos Carrillo para esclarecer estos hechos. La insistencia en la importancia de estas diligencias se ve reforzada por las acusaciones políticas que han surgido, buscando clarificar las circunstancias y el tiempo en que se concretaron estos contratos.

La actual dirección de la Ungrd ha encontrado obstáculos significativos para esclarecer las circunstancias en torno a esta pérdida documental, destacando una tragedia administrativa y un posible riesgo jurídico.

Además de este escenario de manejo cuestionable de recursos y documentos importantes, se identificó un problema grave en la gestión documental que Carrillo califica de “inexplicable” e “injustificable”, resaltando la falta de modernización adecuada en un ente tan crucial como la Ungrd. Estas declaraciones, junto a la complejidad del caso y la implicación de procesos de contratación bajo emergencias nacionales, exponen un escenario de desafío institucional y responsabilidad pública que desborda lo administrativo para adentrarse en el terreno legal.

Este caso no solo llama la atención sobre la necesidad urgente de reformas en la gestión de documentos y procedimientos internos de la Ungrd sino que también subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de la emergencia y los recursos del país. La trazabilidad de los documentos, los contratos y los recursos implicados son fundamentales para el buen gobierno y la confianza pública, aspectos que, en este incidente, han sido cuestionados profundamente.

La investigación en curso, junto con las sanciones que puedan derivarse, marcará un precedente importante en la gestión de crisis y la administración de documentos en entidades gubernamentales en Colombia. Queda claro, según las palabras de Carrillo, que la colaboración entre la Ungrd y los organismos de control juega un papel vital en la resolución de este entuerto y en la prevención de futuras irregularidades.