Tres personas heridas por no parar en un retén ilegal del Clan del Golfo: una recibió una bala en la columna

El municipio de Briceño (Antioquia) fue sacudido por un violento suceso el lunes 29 de abril, cuando tres personas resultaron heridas por impacto de bala tras ignorar una señal de alto en medio de un retén ilegal del Clan del Golfo.

El incidente ocurrió en la carretera que lleva al corregimiento de Chorrillos, territorio compartido entre los municipios de Briceño y Valdivia, donde el Clan del Golfo estaría intentando retomar el control territorial.

Dos de las víctimas, de 33 y 23 años, fueron atenidas en el hospital del municipio vecino de Yarumal, uno de ellos fue sometido a cirugía y el otro tuvo un parte médico positivo; sin mayores afectaciones; entre tanto el tercer herido, también de 33 años, fue trasladado a Medellín debido a una herida en la médula espinal.

Según le dijo a Caracol Radio el secretario de Gobierno de Briceño, Luis Eduardo Valencia, los hombres heridos decidieron ignorar la orden de detención impuesta por el grupo armado, lo que desencadenó el ataque.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“En las horas de la tarde, hubo una incursión armada del Clan del Golfo en una vía que conduce desde la cabecera municipal al corrimiento de Chorrillos, que queda a límites con el municipio de Valdivia. Allí, hubo civiles lesionados con armas de fuego que fueron derivados al hospital de Yarumal”, le dijo el funcionario municipal al medio citado.

Tras el ataque surgió el rumor del secuestro de un campesino y una funcionaria del Ministerio de Educación; al respecto el alcalde de Briceño, Noe Espinoza, dijo: “De las personas que supuestamente mencionan que están secuestradas, entre ellas, dicen que una es educadora, no tenemos información veraz. Estamos esperando que el Ejército, que se encuentra en la zona nos informen del tema de orden público. Entonces, estamos esperando solamente la información de la autoridades para poder saber cómo sigue el asunto que se presentó”.

Tras investigar, las autoridades y el secretario de Gobierno Eduardo Valencia aclararon que la mujer señalada trabaja para la Secretaría de Educación de Antioquia y que no estaba implicada en el incidente.

Además de la comunidad, las autoridades municipales pidieron un incremento en la presencia militar y policial en Briceño, especialmente en áreas rurales más vulnerables a la acción de grupos armados.

El hecho de violencia registrado el lunes 29 de abril no solo ha conmocionado a la comunidad por los daños causados, sino que también ha destacado la volátil situación de seguridad en la región, donde el Clan del Golfo, junto con disidencias de las Farc y otros grupos armados, tiene una presencia activa.

De acuerdo con las autoridades, Briceño es un municipio importante para los grupos armados por el corredor formado por las veredas La Cristalina, El Higuerón y Polacos, en inmediaciones del río Espíritu Santo, en la triple frontera con Valdivia e Ituango.

En esa zona, los grupos al margen de la ley trafican armas, droga y minerales explotados de forma ilegal, por tal razón los frentes 36 y 18 de las disidencias de las Farc, facciones del Clan del Golfo y algunas subestructuras del ELN buscan hacerse con el control territorial.

Frente a eso, las autoridades aumentaron la presencia en Briceño, donde fue capturado Carlos Mario Areiza Jaramillo, conocido con el alias de Corozo, señalado de ser el jefe de extorsiones del Clan del Golfo en ese municipio antioqueño.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por una fiscal de la Seccional Antioquia, desde enero del presente año, Corozo habría efectuado llamadas extorsionando a tres dueños de una hacienda ganadera situada en la vereda Altos del Chiri.

La denuncia indica que el acusado demandaba de las víctimas el pago de 30 millones de pesos en nombre de las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con la promesa de no poner en riesgo sus vidas y de permitir el tránsito del ganado en el área.

La detención de Areiza Jaramillo se produjo el 5 de abril, realizada por agentes del CTI asignados al Gaula Militar, contando con el respaldo del Ejército Nacional. Durante las audiencias preliminares, el sospechoso decidió no aceptar los cargos que se le imputaban.