El lunes 29 de abril de 2024 un helicóptero del Ejército Nacional se precipitó en el sur de Bolívar, y dejó como saldo nueve militares muertos. Este accidente aéreo reabrió el debate sobre las aeronaves procedentes de Rusia, que están bajo la lupa por la falta de mantenimiento.
Varios congresistas han cuestionado al Gobierno nacional por los altos índices de accidentalidad en esta materia, entre ellos, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana.
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Los cuestionamientos están fundamentados en que durante los últimos catorce meses se han registrado al menos cinco accidentes con helicópteros rusos del Ejército nacional, en los que han fallecido 21 personas.
En lo corrido del año se han reportado, además del accidente del 29 de abril, otros dos siniestros en los que también murieron militares.
El cinco de febrero del 2024, cuatro militares murieron en un siniestro de helicóptero ocurrido en Ungía, Chocó, frontera con Panamá. Días después, el 22 febrero, otros cuatro uniformados fallecieron en un accidente que se reportó en Caramanta, Antioquia.
Le piden explicaciones al Gobierno nacional
El congresista Julio César Triana recordó que son varios los accidente con helicópteros que se han reportado en el último año y múltiples las víctimas fatales que dejaron.
“Desde el congreso queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo que viene ocurriendo en Colombia, con la caída de más de cinco aeronaves de la fuerza pública. Más de 20 personas han fallecido, 20 miembros de nuestra fuerza pública con los nueve que murieron en este MI, que entre otras cosas, es un helicóptero de origen ruso”, dijo el representante a la Cámara.
Así mismo, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de mantenimiento de algunas aeronaves, tema que no es nuevo y que incluso es investigado por la Procuraduría General de la Nación.
El congresista instó a las autoridades competentes a indicar dónde están destinados al mantenimiento de la aeronaves al servicio de las fuerzas militares.
“Queremos preguntar: ¿Qué están haciendo con los 118 mil millones de pesos destinados para el mantenimiento de estas aeronaves?. Nosotros presentamos un derecho de petición y nos respondieron que tenían unos dineros apropiados para el mantenimiento de estas aeronaves”, dijo el congresista.
“Ya es hora de que el Gobierno nacional le de esta explicación al país, en cabeza del presidente, del ministro de Defensa y de las autoridades competentes”, añadió Julio César Triana.
La Procuraduría investiga posibles irregularidades con el mantenimiento de helicópteros
A inicios de abril de 2024, desde el Ministerios Público informaron que se abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria general del Ministerio de Defensa Nacional, Ana María Garzón Botero, por posibles irregularidades en el convenio suscrito con una compañía rusa para el mantenimiento de helicópteros del Ejército nacional.
De acuerdo con lo establecido por la Procuraduría, los hechos están relacionados con un contrato que se celebró el 28 de enero de 2022, con la Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.) para la “recuperación y puesta en funcionamiento del helicópteros MI-17-1V (MD) EJC-3385 S/N 170M11″, por valor superior a los siete millones de dólares.
Según las indagaciones, desde la firma del contrato se han registrado varias presuntas irregularidades como el cambio de condiciones iniciales teniendo en cuenta la situación de orden público del país donde se ubica la empresa encargada de las labores de mantenimiento.
El 5 de mayo de 2022, de acuerdo con el Ministerio Público, las partes convinieron suspender la ejecución del contrato por dos meses calendario, por los conflictos entre Rusia y Ucrania que generaron incertidumbre y dificultades en el normal desarrollo de este.
“Dos meses después, se acordó el reinicio de la ejecución contractual y posteriormente, el 27 de enero de 2023, las partes suscribieron un suplemento al contrato que modificó, entre otros aspectos, la forma y condiciones de pago y el plazo de ejecución, a pesar de que la situación que originó la suspensión del bilateral no había sido superada”, añadieron desde la entidad.
La Procuraduría estableció que hay un riesgo respecto a los recursos públicos por el supuesto giro del 50 % del valor del contrato como pago anticipado, pese a que aparentemente no se ha logrado ejecutar el mantenimiento de ninguna de las aeronaves.
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