Un estudio intersectorial realizado por la Contraloría General de la República reveló que los programas de vivienda que ha implementado el Gobierno entre 2010 y 2022 no han sido eficaces para reducir el déficit habitacional en Colombia.
El ente de control fiscal investigó once programas de vivienda y cuatro programas sociales de Transferencias Monetarias, con montos superiores a los $70 billones, en el periodo ya mencionado. Los resultados evidenciaron, entre otras cosas, que persisten desafíos en las políticas públicas de subsidios de vivienda y de inclusión social.
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Dichos desafíos se centran en la reducción de la pobreza y la desigualdad, siendo necesaria una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de recursos. Por ello, la Contraloría estimó que son importantes los esfuerzos del Estado para abordar el déficit habitacional.
Y es que, el estudio reveló que la concentración de recursos en regiones de mayor crecimiento económico plantea preocupaciones sobre la equidad en el acceso a viviendas dignas, puesto que existen poblaciones vulnerables que no han logrado acceder a estos beneficios.
Aunque se evidenciaron avances en algunos programas de transferencias monetarias, señala la Contraloría que, la falta de una metodología clara para medir la superación de condiciones de pobreza y la distribución desigual de subsidios, “plantean interrogantes sobre la efectividad real de estas políticas, especialmente para aquellos que residen en áreas con mayores carencias”.
Además, subrayó la necesidad de reformar estas políticas para cerrar brechas, reducir inequidades y garantizar un impacto positivo y sostenible en la superación de la pobreza en Colombia, “ya que a pesar recursos dispuestos para este fin, los niveles de pobreza e inequidad se siguen manteniendo altos”, señaló la Contraloría.
El déficit habitacional en cifras
La Contraloría evaluó la contribución de los subsidios de vivienda respecto del déficit habitacional en Colombia y los resultados indican que los programas implementados por el Gobierno no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional, ya que, del 4,79% que se ha reducido el déficit cuantitativo urbano, tan solo el 0,41% es resultado de los programas de subsidios.
El restante 4,38% se debe a la participación de los otros actores en el mercado, como son los esfuerzos propios de los hogares, las Cajas de Compensación Familiar, programas de vivienda privados o de gobiernos locales.
Los once programas sobre los que se basó el estudio, representan más del 95% de los recursos legalizados, beneficiando a 429,507 hogares con un total de $14,08 billones. Los programas con mayor asignación de recursos fueron Programa de Vivienda Gratuita Fase I, Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA, Programa de Vivienda Gratuita Fase II y Bolsa Desplazados.
Además, se identificó que, aunque se han invertido más de $36,5 billones en programas de transferencias monetarias, entre 2018 y 2022, se ha puesto en duda la eficacia de programas como Jóvenes en Acción, pues no estarían llegando a los que más lo necesitan.
Desigualdad en los programas de transferencias monetarias
Sobre el tema de focalización y permanencia de beneficiarios, la Contraloría consideró que debe revisarse permanentemente su operatividad, al igual que los criterios de entrada y salida a los programas de transferencias monetarias, en los que se pudo observar la exclusión de población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera y gitana.
También se evidencia una distribución desigual de subsidios, concentrándose en regiones de mayor crecimiento económico: “La falta de equidad en la asignación de recursos se considera un problema que debe abordarse para beneficiar proporcionalmente a los departamentos con mayores carencias”, señaló el ente de control fiscal.
Los programas Jóvenes en Acción y Colombia Mayor presentan avances, pero persisten desafíos en áreas como la medición de la movilidad social y la evaluación del impacto en la superación de la pobreza, por lo que se requiere que, en el modelo de Renta Ciudadana, del actual Gobierno, los indicadores y mediciones estén ajustados al objetivo de la medida y permitan definir la eficacia, equidad y suficiencia de la política.
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