Un preocupante panorama sobre el desplazamiento forzado en Colombia deja la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023, que encontró graves afectaciones a los derechos humanos y a la calidad de vida de las personas que en Colombia han tenido que salir de sus territorios de manera obligada.
El informe fue elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Unidad para las Víctimas (Uariv).
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De acuerdo con el documento en cuestión, un total de 8.630.545 personas fueron desplazadas en Colombia de manera forzada, según datos recogidos hasta el 31 de marzo de 2024 por el Registro Único de Víctimas. De ellas, 6,9 millones requieren ayuda con urgencia y una verdadera reparación de sus derechos.
“La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la población más vulnerable entre las más vulnerables del país”, explicó el director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Luis Jorge Garay, durante la presentación del informe.
La manera en la que viven evidencia dicha vulnerabilidad: el 76,1% de los hogares cuyos integrantes fueron desplazados están en estado de pobreza monetaria y el 40,6%, en pobreza extrema.
Además, el panorama de empleabilidad se complica para las víctimas, teniendo en cuenta que el 51,1% de las personas desplazadas que tienen más de 27 años tienen niveles de educación muy bajos o nulos. El 11,3% no tiene ningún estudio acreditado, mientras que el 39,8 % solo pudo cursar preescolar o la básica primaria.
Las cifras de empleabilidad ratifican las carencias que enfrenta esta población, pues su situación laboral es muy precaria: la tasa de desempleo de las víctimas es de un 17,6%, mientras que la de informalidad alcanza el 82,4%.
“Un 45,3% de las personas desplazadas forzadamente manifestó que consumía menos de lo que deseaba por falta de alimentos o de dinero para comprarlos, un 42,8% se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos y un 42,4% dejó de consumir al menos un desayuno, almuerzo o comida durante la semana anterior a la encuesta”, añade el estudio.
Un notable 76,2% de los hogares forzados a desplazarse no identifica su pertenencia a alguna etnia, mientras que el 18,9% se reconoce como parte de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, y un 4.9% afirma pertenecer a grupos indígenas.
Apenas el 36% de quienes trabajan como empleados, obreros, personal doméstico o jornaleros contribuyen o están cubiertos por el sistema de salud, y solo un 33,1% aporta al sistema de pensiones.
Un 75,8% de las familias desplazadas ha experimentado dolor, angustia o sufrimiento emocional por el hecho de tener que huir de sus territorios. Más de la mitad (54,9%) reportó haber tenido afectaciones a su salud mental, el 45% enfrentó la disolución de su núcleo familiar, y un 32,9% ha sufrido discriminación o ataques a su dignidad.
Además, una abrumadora mayoría (68.2%) confesó haber perdido su empleo o la fuente de ingresos como una consecuencia directa del desplazamiento, y casi un tercio (29,9%) perdió familiares o seres queridos, exacerbando su situación de vulnerabilidad.
Para dar con estos resultados fue necesario hacer a 9.715 en hogares de población desplazada en 80 municipios de 31 de los 32 departamentos colombianos. “Hay que atender a los desplazados que han esperado esto del Gobierno del cambio, que esperan que esto deje de ser una crítica y se avance en el goce efectivo de derechos”, explicó Patricia Tobón, saliente directora de la Uariv.
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