Continúa la polémica por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se mencionan las investigaciones contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la presunta filtración de dinero de origen ilícito en la campaña del jefe de Estado colombiano. Al duro pronunciamiento de la Cancillería, vino una respuesta del Gobierno norteamericano sobre el particular.
Vedant Patel, portavoz del despacho de Antony Blinken, y que desató la polémica al afirmar que lo consignado en el polémico documento sobre derechos humanos en 2023 era “creíble”, volvió a pronunciarse. Y el miércoles 24 de abril de 2024 indicó que, en relación con el controversial informe, no debe haber confusión alguna, pues no es interés de su país hacer valoraciones sobre el proceso judicial en curso.
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“No creo que deba haber ninguna confusión sobre mis comentarios. De lo que estamos hablando aquí es que en el Informe de Derechos Humanos 2023, en la sección de Colombia, hay referencias a una investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia. Es un hecho público que la Fiscalía ha abierto esta investigación”, afirmó Patel sobre este asunto que ha desatado la controversia en el país.
“El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Es un asunto de dominio público”, resaltó el funcionario del Gobierno de Joe Biden, con lo que zanjó la discusión que se generó tras el pronunciamiento de la administración Petro sobre lo que se dijo de la supuesta financiación ilegal de la aspiración del hoy gobernante.
Y frente al revuelo que causó este asunto, el portavoz dejó en claro que lo expuesto en este informe, en el que también se señala la situación de otros países de la región “no denota ninguna constatación de hechos o evaluación por parte del Gobierno de Estados Unidos en lo que se refiere a estas menciones específicas”.
Informe de derechos humanos, el eje de la controversia
Todo surgió tras conocerse que en el documento divulgado por el Departamento de Estado de EE. UU., y que sirve de insumo al Congreso para definir las partidas presupuestales a los países latinoamericanos como Colombia, se menciona el juicio que afronta el primogénito del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por recibir dineros que iban destinados a la campaña de 2022.
Y no solo a Nicolás Petro, sino a Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, sobre el que hay una serie de señalamientos sobre presuntas prácticas en favor de presos de alta seguridad, cuando ejerció su papel como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. A partir de ese pronunciamiento fue que se desató la polémica sobre los alcances del informe, que dejó mal parado al Ejecutivo.
“La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”, se leyó en el informe, que —tal como lo expresó el portavoz Patel— cuentan con absoluta credibilidad por parte de los organismos del país norteamericano, por lo que se incluyó.
En primer lugar, cuando se le indagó por esta información, el funcionario fue contundente. “Lo que puedo decir sobre las entradas en el informe es que nos parecen creíbles y por eso es que las hemos incluido”, manifestó Patel, con respecto al curso de las investigaciones sobre la campaña presidencial. Esto ameritó una nota de protesta de la Cancillería, que parece no haber tenido efecto alguno.
“Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedant Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además, sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, enfatizó el ministerio en mención.
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