En la tarde del viernes 19 de abril concluyó la visita ‘in loco’ (vía para obtener material substantivo en la elaboración de los informes especiales sobre la situación general de los derechos humanos en los países miembros de la OEA) de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que no se realizaba desde 2012.
Este evento estuvo marcado por la ausencia del presidente Gustavo Petro, pero también por los hallazgos y observaciones de los delegados hacia el Gobierno nacional en materia de seguridad, implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la libertad de prensa y la vulneración de los derechos humanos a comunidades vulnerables, entre los principales temas.
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Una de las principales preocupaciones de la Comisión tiene que ver con la pobreza y desigualdad en el país, que se ha visto profundizada por la “fuerte presencia de grupos armados”, por lo que insistieron en que en “Colombia hay serios problemas de inseguridad y de fortalecimiento de economías ilícitas”, en palabras de la presidenta de la Cidh, Roberta Clarke, durante una rueda de prensa.
Por su parte, el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero, sostuvo que la no implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016, ha provocado serias problemáticas sociales: “La no implementación del acuerdo de paz ha generado el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales y se ha fortalecido la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas. El conflicto sigue socavando el disfrute de los derechos humanos en el país. Esto se ve en las estigmatizaciones y asesinatos de líderes sociales, comunitarios y firmantes del acuerdo de paz, sobre todo a reclamantes de tierras, y también a periodistas”.
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A propósito, el comisionado relator para la libertad de prensa, Pedro Vacca, enfatizó en las dificultades para desempeñar la labor periodística en el país, y con ello, los constantes mensajes provenientes de funcionarios del Gobierno: “La Comisión advierte un debate público degradado por factores como la desinformación y un sostenido clima de violencia contra periodistas. Además, se observa una hostilidad hacia la prensa, desde vocerías oficiales a nivel nacional, departamental y local”.
Mientras que Caballero agregó que, “En los territorios habitados por poblaciones étnicas persisten fenómenos de amenazas, reclutamiento de menores y un aumento de los secuestros y las extorsiones”, y que “las mujeres campesinas, afros e indígenas siguen padeciendo violencia sexual en zonas ocupadas por grupos armados”.
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A su vez, anotó el esfuerzo del Gobierno nacional por “humanizar” las cárceles del país, sin embargo, puntualizó que se siguen violando derechos humanos en estos centros: “La Cidh visitó centros penitenciarios donde, a pesar de intentar humanizar las condiciones de los privados de la libertad, el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y servicios de salud siguen afectando a esta población”.
Por su parte, y con relación con las reformas sociales que se vienen adelantando en el Congreso de la República y que han sido promovidas por el Gobierno, el comisionado Javier Palummo aseguró que algunas son bien vistas por el órgano internacional:
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“...reformas que son claramente orientadas a la redistribución de la riqueza, las del ámbito laboral, sobre todo cuando incluyen aspectos referidos a la negociación colectiva, son reformas que claramente impactan en la redistribución de la riqueza, esas reformas son especialmente importantes en países que tienen situaciones de desigualdad estructural, permanente, como es el caso de Colombia, lo mismo con las reformas de carácter tributario”, puntualizó el comisionado, quien además instó al congreso a realizar debates “constructivos” y buscar “consensos” para aprobar reformas que faciliten la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo la ley de víctimas.

Al finalizar la visita, con 50 reuniones desarrolladas entre 15 y el 19 de abril, en los departamentos Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, la Cidh hizo las siguientes recomendaciones:
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- Creación de políticas que promuevan una distribución equitativa de recursos, garantizando así el acceso universal a derechos fundamentales y la reducción de la brecha de desigualdad, así como fortalecer su presencia en los territorios.
- Proteger a las comunidades en zonas de alto riesgo y alinear las negociaciones con grupos armados con los principios ya establecidos en el histórico Acuerdo de Paz.
- Resalta la urgencia de avanzar en el debate y consenso para la aprobación de leyes que solidifiquen la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente aquellas que abordan la reforma en la atención a las víctimas del conflicto.
- Insta a la Fiscalía y el Poder Judicial en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
- Por último, recomendó mejorar la coordinación entre las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal, con el fin de garantizar una participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de proyectos que promuevan el bienestar colectivo como el acceso al agua y la construcción de vías de comunicación, que son fundamentales para el futuro del país y, en especial, para las nuevas generaciones.

Por último, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se refirió a las observaciones de la Cidh, en especial, las relacionadas con el cambio climático que afecta el país: “Nos presentó un panorama muy importante que garantiza que vamos a seguir cooperando con la Comisión Interamericana Derechos Humanos y además de eso vamos a hacer recipientes de la asistencia de este cuerpo tan importante a nivel Interamericano”.
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